La Diputación Permanente aprobó este miércoles dos propuestas del Diputado de UDC y Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Emilio De Hoyos Montemayor, una para solicitar a la Secretaría de Salud estatal priorizar la atención de la Salud Mental en Coahuila y otra que busca se retire la concesión a la empresa Supercarreteras del Norte SA de CV por descuidar el tramo Agujita – Allende de la carretrera “Premier”.
De Hoyos Montemayor presentó un Punto de Acuerdo donde exhortó al estado implementar las acciones necesarias y urgentes para dar prioridad a la salud mental, además solicitó al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones a que en las políticas públicas propuestas respeten en todo momento los estándares internacionales para el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de otorgar una orientación adecuada de las instituciones gubernamentales encargadas del cumplimiento de su implementación.
El Diputado del Distrito Uno indicó que México destina en promedio el 2.4 por ciento de su gasto en salud a la salud mental, mientras que la OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10 por ciento.
Por otro lado, el doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas, miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, aseguró que el país tiene alrededor de 4,600 psiquiatras en todo su territorio, pero se requieren de 12,000, es decir que hay un déficit importante de psiquiatras.
CARRETERA EN MAL ESTADO
Emilio De Hoyos señaló que la carretera “Premier”, que conecta a los municipios de San Juan de Sabinas y Allende a través de 51 kilómetros de carretera, presenta múltiples deficiencias en el pavimento, lo que crea desniveles en el tramo carretero y, en algunas ocasiones deslaves, tampoco cuenta con un servicio de emergencia, lo que la hace una autopista insegura, además la tarifa resulta ser demasiado costosa.
Se tiene conocimiento de que la concesión de este tramo fue otorgada a la empresa “Supercarreteras del Norte” desde hace más de 20 años, sin embargo, no se cumple con la conservación de dicha carretera, situación que no solamente perjudica la seguridad de los automovilistas y locatarios de la ciudad, sino que generan un impacto negativo en la economía.
De Hoyos Montemayor dijo que es una situación delicada, primero porque se está poniendo en peligro la vida de miles de automovilistas desde hace años, en segundo lugar, porque la empresa prácticamente no rinde cuentas a nadie y tercer lugar porque como servicio concesionado por el Estado, la empresa tiene la obligación de rendir cuentas sobre su ejercicio y actuar. (EL HERALDO)
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