OPINIÓN

EN EL TINTERO

Por

13 febrero, 2020

¿Qué negociaron?

Gran sorpresa causó la designación de Bernardo González Morales como Magistrado Numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, órgano especializado del Poder Judicial del Estado de Coahuila por un periodo de 6 años; y más sorpresa generó al asumir el cargo, pues trascendió que ni siquiera cumple con los requisitos de ley.

El ahora magistrado fungió como presidente del Partido Acción Nacional en Coahuila entre 2014 y 2018, y como era de esperarse tras tomar protesta trató de evadir por todos los medios los cuestionamientos de la prensa que le insistían: ¿Está usted agradecido con el Gobernador por su nombramiento? Un gobernador del PRI.

Y es que de acuerdo al artículo 146 de la Constitución Política del estado, los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia los hace el Gobernador del Estado de la lista de candidatos que le presenta el Consejo de la Judicatura que, hay que recordar, lidera un conocido priista, Miguel Mery Ayup, para finalmente ser sometidos a la aprobación del Congreso, o en su caso, de la Diputación Permanente, como fue el caso.

“Esta Comisión tuvo a bien analizar la documentación de los curriculums vitae de las personas designadas, desprendiéndose de dichos expedientes, que todos ellos cuentan con una vasta experiencia en el campo profesional del derecho…”, señala el dictamen de la Comisión.

Sin embargo, se evidenció que González Morales acaba de tramitar hace apenas unos días su cédula profesional como licenciado en derecho de la Universidad Iberoamericana de Torreón, por lo cual habría sido imposible que ejerciera como litigante, ya que no contaba con los trámites correspondientes para hacerlo, entonces incumple uno de los requisitos más importantes.

Hay que insistir en que los primeros responsables de mandar las propuestas son los integrantes del Consejo de la Judicatura, y resulta extraño que olvidaran cubrir un gran detalle: la experiencia profesional en la materia. ¿Apoco los chamaquearon?

Más bien la lectura de esta designación deja campo a la especulación de ¿Qué se negoció políticamente? ¿Acaso se cedieron espacios para las elecciones de diputados locales en Coahuila? ¿Y todo ese show sobre la exigencia en relación a las empresas fantasma?

Bernardo ha sido uno de los principales detractores del PRI, del Gobierno y del propio Miguel Ángel Riquelme Solís, y no es nada lógico que ahora acepte un cargo que definitivamente tuvo que ser palomeado por el primer priista del estado.

“Esta designación que acaba de hacer el Congreso, comprometido con los coahuilenses y con la justicia en Coahuila, finalmente es una terna que presenta el Consejo de la Judicatura, el Gobernador hace la propuesta y en este sentido es aprobada por los diputados”, fue lo que se limitó a responder respecto a la designación del PRI.

No hace mucho, el exgobernador Enrique Martínez y Martínez entregó tres fiats a los panistas que, entonces, se entregaban como regalos o compromisos políticos, uno de ellos lo recibió el actual dirigente del PAN, Jesús de León Tello, otro Karla Samperio y uno más Guillermo Anaya Llamas.

La presión fue tanta que Memo Anaya se comprometió y cumplió su promesa de renunciar al beneficio, pero quienes se resistieron y hoy siguen con este beneficio fueron sus compañeros. Así que no es extraño que Bernardo sin tantita pena haya aceptado un beneficio del PRI.

Por eso los ciudadanos deben de analizar muy bien su voto, porque es común que los electores se anden peleando en las redes sociales atrapados por los presuntos señalamientos de corrupción y otras acusaciones que se quedan en el ámbito mediático entre los políticos, cuando desde los más altos niveles siempre llegan a acuerdos en su beneficio y no creo que esta sea la excepción.