CIUDAD DE MÉXICO. La investigación de corrupción más grande en la historia de Latinoamérica comenzó en una gasolinería brasileña, pero conforme abarcaba a toda la región derrocó a funcionarios de gobierno y gigantes corporativos. Ahora, cinco años después de que el escándalo estalló públicamente, el impulso de la región en contra de la corrupción se está estancando.
«Durante un breve momento, todos estuvieron al alcance de la justicia», dijo Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala que imputó al presidente y al vicepresidente del país en un caso de corrupción en 2015.
Esa arremetida ocurrió tras años de altos precios de las materias primas que impulsaron a muchas economías de la región, y sacaron a millones de personas de la pobreza, pero también contribuyeron al gasto gubernamental y, por lo tanto, a las oportunidades de practicar la corrupción.
Cuando terminó ese periodo de abundancia, los funcionarios de gobierno quedaron vulnerables y los fiscales libres para ir tras los poderosos.
«El péndulo se fue al otro lado y ahora ha vuelto», dijo Deltan Dallagnol, el fiscal federal que dirigió el principal equipo especial anticorrupción en Brasil. Se formó en 2014 para procesar casos de la operación que llegó a conocerse como Lava Jato, el nombre de una gasolinería en Brasilia.
En Perú, el expresidente Alan García se suicidó de un balazo en vez de enfrentar su arresto. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente que siguió siendo el personaje político más dominante del país, fue sentenciado a prisión, al igual que Marcelo Odebrecht, el dirigente del conglomerado de construcción más grande de Latinoamérica.
Sin embargo, los esfuerzos para adoptar reformas anticorrupción vacilaron en medio de la presión política.
La principal entre estas compañías era Odebrecht, un conglomerado de construcción con sede en Brasil que pagó más de 780 millones de dólares en sobornos en toda Latinoamérica y el Caribe para obtener contratos con un valor de 3 mil 340 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El escándalo trastocó la política en Brasil, donde todos los partidos grandes estuvieron implicados en prácticas ilegales, recordó Excelsior.
Las sospechas de que la persecución estaba políticamente motivada crecieron después de que Sérgio Moro, el juez que manejó el caso de Lula, se unió al gabinete de Bolsonaro como ministro de Justicia.
El legado de Moro sufrió otro golpe cuando The Intercept Brasil empezó a reportar en junio mensajes de texto que habían intercambiado fiscales federales. Los mensajes mostraban que Moro había guiado en la conducción del caso de Lula.
«La divulgación de los chats dejó sangrando a los fiscales de Lava Jato y los tiburones olieron la sangre», dijo Bruno Brandão, el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. «Lo que vemos ahora son golpes grandes y simultáneos que representan una verdadera amenaza de regresar a la impunidad que las élites han disfrutado históricamente».
NEGOCIACIÓN E IMPUNIDAD
Eike Batista, alguna vez uno de los diez hombres más ricos del mundo, fue sentenciado en julio de 2018 a 30 años en prisión por pagar millones en sobornos, pero aún no ha comenzado a cumplir la sentencia.
El expresidente Michel Temer sigue libre a pesar de un torrente de acusaciones penales que ha podido evadir desde 2017.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales desintegró un panel de expertos de la ONU que había ayudado a la oficina de la fiscalía general a establecer casos de corrupción complejos y confidenciales. La decisión ocurrió después de que Morales se sometió a una investigación por haber recibido contribuciones ilegales de campaña.
Mientras que el gobierno de Honduras, que había aprobado la creación de una entidad similar en 2016, rechazó renovar su mandato.
El fundador de la empresa, Marcelo Odebrecht, llegó a un acuerdo con los fiscales en Brasil y cumplió con una condena de dos años y medio en prisión. La empresa después le hizo una oferta a los países donde había pagado sobornos: a cambio de inmunidad en nuevos casos, dijo, divulgaría cuánto dinero había pagado y qué contratos se habían conseguido de manera fraudulenta.
Algunos países —entre ellos Ecuador, Perú y la República Dominicana— aceptaron la oferta de Odebrecht y, como resultado, vieron el arresto de expresidentes. Pero en Colombia y Argentina la falta de voluntad política ha impedido que avancen las investigaciones en torno a la corrupción de Odebrecht.
En Brasil, varias de las figuras que estuvieron entre los primeros apresados por su participación en Lava Jato ahora están en libertad. Entre ellos se encuentra Nelma Kodama, una comerciante de divisas en el mercado negro, sentenciada a 18 años de prisión. Su condena fue reducida por el expresidente Temer.
Kodama, quien saltó a la infamia cuando publicó una foto de su grillete electrónico junto a sus zapatos marca Chanel, dijo que Lava Jato había fracasado al cambiar la cultura de la corrupción.
«La operación fue un fracaso», dijo Kodama, quien acaba de publicar un libro de memorias donde detalla cómo durante años ayudó a lavar dinero y las humillaciones que soportó en la cárcel. «No acabó con la corrupción y dejó al país con un nivel desquiciado de desempleo». (EXCELSIOR)
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