Se estima que actualmente en México existen cerca de 7.5 millones de lotes de terreno o vivienda en condiciones de irregularidad, señaló el director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alonso Iracheta Carroll.
Además se estima que el crecimiento de dicha irregularidad es de 90 mil lotes al año, es decir casi 300 mil habitantes en México se suman a esta situación en ese lapso de tiempo, lo que sume al país en un problema de dimensiones insostenibles y habla del fracaso de sus políticas públicas en materia de vivienda.
El funcionario federal, explicó que la irregularidad no es en realidad el problema, sino la consecuencia de un problema más complejo que se puede entender desde dos perspectivas: la primera de ellas la demanda, ya que más del 40 por ciento de las familias mexicanas que son las que perciben el menor ingreso en el país, no tienen la capacidad de pago para acceder al mercado formal del suelo.
“Esto lo vemos en el financiamiento público y menos en el financiamiento privado, esta población está completamente fuera”, por lo que la única alternativa para asentarse a vivir era acudir a la periferia y apropiarse de lugares sin servicios, señala Infonor.
La segunda es que la oferta formal existente en el país en materia de suelo y de vivienda, es completamente excluyente de este sector, pues no le ofrece alternativas de compra, “la vivienda más económica que podemos encontrar es en el cuarto decir de ingreso, por lo tanto tampoco existe la oferta de compra”.
Aunque INEGI estima que el número de familias en estas condiciones de 5.3 millones, otros estudios han llegado a la cifra ya comentada, “aquí el punto es que es un problema gigantesco y el además ni siquiera tenemos información confiable”.
Apuntó que uno de los objetivos del INSUS es resolver en parte esta problemática pero principalmente adelantarse al mismo y no permitir que los asentamientos humanos irregulares sigan creciendo, por lo que se deben desarrollar políticas públicas de otorgamiento del suelo ligado al desarrollo urbano y la vivienda.
“El problema es que debemos empezar a discutir cómo impulsar el desarrollo desde el suelo y desde ahí impulsar la vivienda y el ordenamiento territorial”, por lo que ya se cuenta con un documento específico nacional para trabajar este complejo problema, “la intención es que estas política sirva para la toma de decisiones no solo desde el sector público sino también privado”.
Expresó que de ahí el impulso del Programa Nacional del Suelo, que está considerado en varias etapas, una primera es impulsar grandes proyectos de consolidación o desarrollo urbano, para que el crecimiento sea de una forma ordenada y que genere sobre todo oferta de suelo para los más pobres, a fin de reducir la presión del crecimiento de asentamientos irregulares en el país. (ESMERALDA SÁNCHEZ-INFONOR)
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