“Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80”, señaló un grupo de especialistas en derechos humanos.
Hace diez años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que condenó al Estado mexicano por violaciones graves de las garantías fundamentales y ordenó una serie de medidas de reparación en el caso de la desaparición de Rosendo Padilla Pacheco, un líder social del estado de Guerrero.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos lamentó este viernes que después del decenio transcurrido desde esa sentencia, no haya avances significativos en su implementación.
Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974, durante el periodo conocido como “la guerra sucia” en México, cuando viajaba en un autobús rumbo a Chilpancingo, la capital guerrerense junto a su hijo de 11 años.
Su detención y desaparición forzada fueron denunciadas a nivel nacional y, ante la falta de una respuesta apropiada y debida diligencia en la investigación por parte del Estado, el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana emitió su sentencia en contra de México.
Aún lejos de la justicia para las víctimas
Los expertos señalaron que a 45 años de la desaparición y 10 años de la emblemática sentencia, “México está aún lejos de esclarecer la suerte y el paradero de Radilla Pacheco y de los cientos de personas que desparecieron durante la guerra sucia”.
Agregaron que los responsables de estas violaciones no han sido llevados ante la justicia y lamentaron la ausencia de medidas encaminadas a la individualización de las responsabilidades.
Consideraron “inaceptable” que las denuncias penales tramitadas hasta la fecha, tanto en el caso Radilla Pacheco como los de otros desaparecidos por agentes del Estado, no hayan generado la imputación de persona alguna.
Obligaciones del Estado mexicano
Los especialistas afirmaron que el Estado mexicano tiene la obligación de continuar esas búsquedas dado el carácter continuo del delito.
“Las autoridades deben realizar investigaciones exhaustivas, dotar de una mayor asignación de recursos que permitan cubrir todo lo necesario para las búsquedas, asegurar una mayor profesionalización de los equipos forenses involucrados, y garantizar la transparencia de las políticas de búsqueda, permitiendo que las familias, sus representantes y la ciudadanía en general, tengan información sobre los trabajos”, apuntaron.
Recomendaron también establecer un mecanismo especial, conformado por oficiales de alto nivel, a fin de favorecer la implementación de la sentencia.
“Instamos a las autoridades mexicanas a saldar la deuda pendiente, no sólo con la familia Radilla, sino con todas las personas que desde hace décadas buscan a sus familiares víctimas de los crímenes cometidos por el Estado mexicano en los años 70 y 80.”
Finalmente, expresaron su respeto y solidaridad con las víctimas. “A más de cuatro décadas de impunidad, la lucha digna y persistente de las familias nos motiva a sumarnos solidariamente a su legítima exigencia de alcanzar la justicia, conocer la verdad, encontrar a sus seres queridos y mantener viva la memoria”, enfatizaron.
Los expertos firmantes del comunicado son Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Luciano Hazan, Tae-Ung Baik, Bernard Duhaime, Houria Es-Slami y Henrikas Mickevičius. (ONU NOTICIAS)
Nota: Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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