Ciudad de México.- En México, hay grupos que sufren discriminación y condiciones de desigualdad no solo en el contexto social, sino también en el laboral.
Las mujeres, las personas con discapacidad; las y los indígenas; los integrantes de la comunidad LGBTI, y los adultos mayores suelen tener salarios inferiores a los del resto de la población tan solo por su género, condición física, racial o de identidad.
Animal Político publicó que en el estudio Los peores salarios para los más discriminados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) plantea que las barreras que enfrentan los grupos antes mencionados para obtener un empleo digno, no tienen que ver con sus capacidades laborales sino con criterios de las empresas que discriminan ciertas cualidades.
El IMCO señala que ante estas dificultades, un gran número de personas de estos grupos optan por trabajar en el sector informal, donde no hay contratos laborales, prestaciones y protección social (salud, vivienda y pensión, entre otros).
Las mujeres
En su análisis, el IMCO encontró que en México las mujeres padecen una “marcada desigualdad” en el mercado laboral. La diferencia es notable desde el número de personas ocupadas.
Únicamente el 46% de las mujeres de entre 15 y 64 años están empleadas frente al 79% de los hombres. Para nivelar esta cifra y alcanzar las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se tendría que dar empleo aproximadamente a 6 millones de mujeres en el corto plazo.
En el tema de ingresos, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Senado de la República, las mujeres perciben salarios entre 18% y 34% menos que los hombres a pesar de realizar las mismas actividades.
Ante este panorama, las mujeres optan por ingresar al mercado informal. De acuerdo con la Red de Estudios de Desigualdades, de El Colegio de México, entre el año 2000 y 2017, el porcentaje de trabajadoras sin seguridad social creció de 41 a 48%
“En la informalidad las mujeres no cuentan con licencias pagadas de maternidad, esto tiene un doble impacto: repercusiones para las madres y para sus hijos recién nacidos”, resalta el IMCO.
Otro punto a destacar es que una parte de las mujeres ocupadas se concentran en sectores con bajos salarios, como el de los servicios domésticos, donde labora el 11% de ellas en comparación al 1% de los hombres, según cifras del estudio “Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios”, de la CNDH.
Al laborar en estos sectores o en la informalidad, las mujeres se exponen a no tener una remuneración asegurada, a enfrentar restricciones salariales, de horarios o a no ocupar puestos de liderazgo si son madres.
En los grupos antes mencionados (personas indígenas, con discapacidad y adultos mayores), las mujeres no están exentas de desigualdad.
Con datos de la STPS y del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el IMCO hizo una comparativa de los ingresos mensuales entre hombres y mujeres. En todos los casos, ellas ganan menos que el sexo opuesto.
En los adultos mayores, los hombres tienen ingresos por $3,493 y las mujeres 2, 239. En el grupo de las personas con discapacidad, los hombres perciben $3,830 y las mujeres $3,059. Y en el grupo de las personas indígenas los hombres ganan en promedio $4,150 y las mujeres $3,844.
Población indígena
México puede presumir de la alta diversidad étnica que posee, pero toda esa riqueza cultural no se ve reflejada en la calidad de vida de quienes la integran. Las personas indígenas sufren discriminación y exclusión social desde sus primeros años de vida, hasta que se incorporan al sector laboral.
Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en nuestro país, el 21.5% de las personas se considera indígena, pero sólo el 6.5% habla alguna de las 68 lenguas que existen
Del total de las personas indígenas más del 70% viven en condiciones de pobreza, y de éstos, el 32% se encuentran en pobreza extrema.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, del Coneval, la primaria es el grado máximo de estudios para la mitad de la población indígena, lo cual merma sus posibilidades de desarrollo profesional.
Con base en información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un hombre indígena que trabaja gana 4 mil 155 pesos mensuales, mientras que una mujer indígena recibe 3.84 mil pesos.
Ambas cantidades se encuentran por debajo de lo estipulado por la STPS como ingreso mensual promedio de los trabajadores, el cual es de nacional de poco más de 6 mil pesos mensuales.
Como ya se mencionó arriba, las mujeres indígenas padecen aún una mayor desigualdad por su género: solo el 26% de ellas participa en alguna actividad laboral, a diferencia del 46% de mujeres no indígenas que trabajan.
El IMCO también encontró que más del 77% de las población indígena no tiene seguridad social frente al 82% de la población no indígena que sí cuenta con ella.
Sin embargo, según el IMCO, la desigualdad en las comunidades indígenas no es un problema exclusivo de México, ya que la misma situación “se observa en los más de 90 países en los que viven cerca de 370 millones de indígenas”.
Personas con discapacidad
En México, según el INEGI, hay 7.8 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 6.3% de la población.
En palabras del IMCO, este sector social, “es uno de los más marginados, pues padece más la exclusión social que las propias limitaciones físicas intrínsecas a una discapacidad”.
Cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señalan que el 50% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza y el 13% en pobreza extrema. Además de que una de cada dos personas con discapacidad es un adulto mayor, lo cual los hace aún más vulnerables.
Con relación al tema educativo, el 23% de la población con discapacidad de 15 años y más no ha estudiado, una cifra 11 veces mayor que la del resto de la población sin estudios la cual asciende apenas al 2%.
En el plano laboral, con base en datos del INEGI, el IMCO encontró que solo 4 de cada 10 personas con discapacidad realizan alguna actividad económica, cifra muy inferior al resto de la población (siete de cada 10 personas).
En cuanto a los ingresos aquellos que laboran ganan un 33.5% menos que el resto de la Población Económicamente Activa (PEA). Mientras que 1 de cada 3 personas con discapacidad es dependiente económica de la familia o de un tercero.
Las personas con discapacidad que no laboran ni dependen de alguien más obtienen sus ingresos de: algún programa social del gobierno (39%) o de alguna pensión (22%).
Además de la discapacidad, el contexto laboral hace que estas personas sean más vulnerables a la pobreza, a no recibir la atención médica necesaria, a una mayor tasa de desempleo y a tener ingresos inferiores.
Adultos mayores
En México hay 9.6 millones de personas adultas mayores (65 años o más), de los cuales 2.5 millones trabajan. En su mayoría por necesidad y bajo condiciones deplorables.
Si bien a esa edad las personas tendrían que estar en retiro laboral, muchas se ven obligadas a emplearse al no depender económicamente de alguien o por la falta de una pensión.
Según datos del Coneval, el 41.1% de los adultos mayores son pobres y entre ellos casi un 7% vive en pobreza extrema. Esto, en parte, se debe a que de las 9.6 millones de personas mayores de 65 años, 2.5 millones no recibe algún tipo de pensión, ni siquiera el programa federal “Pensión para Adultos Mayores”.
Dicha situación los obliga a trabajar en condiciones adversas, ya que el 91% de estas 2.5 millones de personas no cuentan con acceso a instituciones de salud.
Otro de los hallazgos en este sector es la diferencia de salario entre hombres ($3,493) y mujeres ($2,339), mencionado anteriormente, así como que solo tres de cada cuatro recibe una pensión. Pero en estos casos, las mujeres también se ven desfavorecidas ya que en promedio reciben 5 mil 128 pesos mensuales, mientras que los hombres cobran 6 mil 602 pesos al mes.
Personas LGBTI
Aunque la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que ningún mexicano debe sufrir segregación social por motivos de preferencia sexual, en la realidad pasa algo muy distinto y las personas que integran la comunidad LGBTI son la prueba de ello.
Datos del Conapred señalan que 7 de cada 10 personas LGBTI se han sentido discriminadas, una de las razones por las que varios de ellos deciden abandonar los estudios y por consiguiente son propensos a tener menores ingresos.
En el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, elaborado por la Comisión de Atención a Víctimas y la Fundación Arcoiris, 6 de cada 10 miembros de esta comunidad dijeron que su orientación sexual es un obstáculo para acceder a un empleo, mientras que el 43% de quienes laboran dijeron haber recibido un trato discriminatorio en su lugar de trabajo.
“Un estereotipo mal encauzado, con base en prejuicios, puede ocasionar daños irreversibles en la vida de un ser humano. Para evitar cualquier tipo de discriminación, es fundamental concientizar a la sociedad en temas como: inclusión, respeto y tolerancia”, señala el IMCO con relación a la discriminación laboral de la comunidad LGBTI.
Escolaridad
Finalmente, el tema de la escolaridad también es un factor que puede impedir a una persona tener un desarrollo y crecimiento profesional a pesar de tener las aptitudes para hacerlo.
En México, según el IMCO, el salario promedio mensual de un trabajador con estudios de secundaria es de 5 mil 852 pesos, mientras que un egresado de licenciatura percibe casi el doble (11 mil 467 pesos).
“El dilema no es que los trabajadores más preparados accedan a mayores ingresos, sino cómo mantener a los jóvenes estudiantes en las aulas educativas”, plantea el Instituto.
Y es que apenas uno de cada cinco personas que trabajan concluyó la educación superior, mientras que el 50% solo estudiaron la primaria o secundaria.
Otro de los problemas es la tendencia en algunas familias de incorporar a los menores de edad al mundo laboral, lo cual si bien incrementa el ingreso económico en el hogar también limita las oportunidades educativas y laborales de los niños y adolescentes en el largo plazo.
En esta situación, agrega el IMCO, se encuentran 2.5 millones de niños y adolescentes (entre 5 y 17 años), de los cuales más del 40% no recibe un ingreso fijo y solo el 8% gana más de dos salarios mínimos (205 pesos diarios).
Para mejorar el panorama de estos grupos, entre otras cosas, el IMCO propone:
*Facilitar el acceso de las madres trabajadoras al mercado laboral mediante apoyos al cuidado infantil, horarios flexibles en el trabajo, facilidades para mantener la lactancia, aumentar y hacer efectivos los periodos de paternidad, entre otros.
*Establecer mecanismos para garantizar que los empleadores paguen los mismos salarios a sus trabajadores sin discriminación de género.
*Promover los espacios laborales libres de segregación a grupos minoritarios mediante la concientización social. Se debe garantizar la correcta ejecución y vigilancia de la normatividad en materia de discriminación, brindando asesoría oportuna a quienes sufran esta situación.
*Simplificar el proceso para acceder a los incentivos fiscales a quienes dan empleo a adultos mayores y personas con discapacidad, además de verificar que el sueldo sea equivalente al resto de los trabajadores.
(ANIMAL POLÍTICO)
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