En algún punto de la historia política nacional, que no es más que una tragicómica versión de nosotros mismos, definimos que los gobernantes dejaban de ser ciudadanos para convertirse en otra cosa. Así surgió la necesidad de construir órganos autónomos ciudadanizados para velar y representar ciertos intereses que inspiraban los apetitos más voraces de la autoridad.
Se quitó la organización y tutela de las elecciones para evitar la perpetuidad en la contienda, no de las personas sino del poder. El Instituto Electoral enarboló la bandera de esa justa ciudadana, se restringió, mediante el control de la opacidad, la costumbre de enseñorearse en el puesto, diciendo las cosas conforme a lo querido y no conforme a lo real. Así surge el Instituto de Acceso a la Información. Para combatir el gran lastre, que no se pudo evitar con la existencia de los anteriores autónomos, se construyó un sistema de combate a la corrupción que permita desde cuerpos ciudadanizados señalar ese fenómeno y actuar en consecuencia.
Y entre todos ellos, brilla uno en especial por el impacto que mundialmente tiene, la retórica jurídica que hoy está presente y la lógica que sostiene su discurso creador, la salvaguarda de los derechos humanos.
Aunque todos los derechos son humanos, y si existen protecciones y salvaguardas a las cosas requieren de la voluntad humana para ejercerlo, los derechos humanos se entienden como la traducción de los Humanity Right, o los derechos de humanidad, es decir, el paquete fundamental de derechos que aseguran el desarrollo humano con sus diversas potencialidades. Pero este órgano autónomo busca también defender ante la insensibilidad de un aparato gubernamental a los humanos por cuanto lo son.
Obvia destacar que el carácter de independencia y autonomía en estos órganos resulta esencial para alcanzar el cometido por el cual fueron constituidos. La injerencia gubernamental limitaría la justa operación y se convertirían en dependencias sin sentido, serían oficinas temáticas o de justificación.
Hoy se enfrentan todos los órganos por igual, a una crisis de legitimidad, no solo ante la opinión pública que ya los tenía bastante desacreditados, porque las conversaciones generan organizaciones y se ha conversado muy mal de ellos. Ahora se suma que el presidente los ha ubicado en su campaña anti-corrupción.
Aunado a ese desprestigio, para la CNDH, se suma una lastimada y visiblemente ilegal designación ante el senado de quien hoy es su titular, Rosario Piedra Ibarra. Eso ha convertido el tema en un ring político que llevó a los gobernadores y alcaldes del PAN a amenazar con no acatar las recomendaciones de la ahora llamada “ombudsperson”, que antes se llamaba ombudsman pero sonaba, el término sueco, muy masculino.
Dura crisis enfrentan todos los organismos autónomos, su falta de credibilidad, que lamentablemente se mide diferente a la eficiencia y eficacia, los ponen en una situación peligrosa. Con su caída ¿avanzamos o retrocedemos?, así como los países, tienden al nacionalismo y a la supremacía racial ante el desconocimiento, el miedo o la frustración, creo que los gobiernos, por las mismas razones tienden a la centralización.
Yo soy Héctor Gil Müller y estoy a tus órdenes.
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