Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
De acuerdo con el Financiero, la iniciativa recibió 318 votos a favor (de Morena, PT, MC, PES y PVEM), 3 abstenciones del PES y 121 en contra (PAN, PRI, PRD y seis legisladores morenistas).
A continuación, los diputados discutirán los artículos reservados. De hacerle cambios, el documento será devuelto al Senado para su revisión; de lo contrario sería enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Los cambios buscan combatir la evasión fiscal y la emisión y uso de facturas falsas, que tipifican estos delitos como delincuencia organizada y que ameriten prisión preventiva.
El dictamen fue aprobado el lunes, sin cambios, por las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja, después de que las reformas fueron avaladas por el Senado de la República el pasado 10 de septiembre.
Este proyecto de decreto, señala, entre otras cosas, que a los ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les dicte prisión preventiva oficiosa y se considere como delincuencia organizada.
Además, tipifica como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
¿Qué se dijo en la discusión?
Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez calificó de “desproporcionada” esta reforma porque apunta a “un Estado autoritario y represor”, porque “viola la presunción de inocencia”.
Agregó que la prisión preventiva «es una puerta falsa» al considerar este delito como delincuencia organizada. La defraudación fiscal no tiene porqué ser tema de seguridad nacional, sostuvo.
La también priista Claudia Pastor acusó que se está “instaurando un Estado policial y un populismo penal. Esto no les va a ayudar a la recaudación, están generando incertidumbre con sus generalidades en las leyes, y quitan los incentivos para que inversores y burocracia, que son los principales grupos de recaudación de este país, queden en la absoluta incertidumbre”.
De Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro adelantó que su partido avalará estas reformas solo en lo general, ya que en lo particular hay cambios de alto riesgo “que requieren de una discusión más a fondo” y resaltó que tipificar el delito de evasión fiscal como delincuencia organizada es un despropósito.
La coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, afirmó que estas reformas “violentan el principio constitucional de presunción de inocencia porque, por la pura sospecha de que alguien es evasor y sin garantía ni posibilidad de aclarar su situación, puede ser encarcelado y despojado de sus bienes. Es decir, a quien esté bajo sospecha se le aplicará de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio”.
En respuesta a las críticas de la oposición, el grupo mayoritario de Morena, a través del diputado Rubén Cayetano García, explicó que “estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos”.
“Tampoco se sancionará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que por error dejó de enterar contribuciones, o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos. Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción”, insistió.
Aclaró que “por estricta que se lea la reforma, no debe asustar a nadie, solo tenemos que portarnos bien. El que nada debe nada teme”.
Por el PT, el diputado Óscar González Yáñez admitió que “¿qué es un exceso? Sí, pero venimos de los excesos y hay que pararlos así. Se obliga a tomar medidas de este tipo, porque también el robo y el saqueo han sido un exceso”.
“¿De qué tamaño es el daño? De 2014 a 2019, más de 8 millones de facturas falsas facturando 1 billón 600 mil pesos, generando un daño al erario público calculado en 354 mil millones de pesos, 1.4 del producto interno bruto del país. De ese tamaño está el problema de la facturación falsa”, sostuvo.
Iván Pérez Negrón, del PES, aclaró que “estamos de acuerdo en el fondo, pero debe revisarse con cuidado la forma en que se pretende llevar a cabo. Es fundamental comunicarlo bien, pareciera ser que todavía no hemos dicho bien cuál es el alcance, por eso tantas dudas de parte de algunos sectores de la sociedad. La legislatura del cambio no puede legislar generando zozobra, incertidumbre o inquietudes”.
Marco Antonio Gómez, del PVEM, anunció su voto en favor, al explicar que las reformas significan “una transformación que tiene por objeto evitar, a toda costa, aquellas conductas que de una u otra forma fueron toleradas como mecanismos de evasión y elusión de impuestos por parte de quienes facilitaban las herramientas y de quienes las utilizaban”.
“Fortunas inmensas se han formado por supuestos empresarios que se dedican a la venta de facturas y otros esquemas de simulación. De igual forma, millones de pesos se dejaron de pagar en deducciones simuladas. Este tema tiene que terminar”, abundó. (EL FINANCIERO)
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