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6 octubre, 2019

Los riesgos sociales en el desarrollo de proyectos de energía en México

Durante los últimos años, en todo el mundo, la inversión realizada en proyectos de generación de energía basados en fuentes de energía renovables ha sido mayor que la de los proyectos de generación convencionales. Sin embargo, dada la gran extensión de las áreas de instalación de granjas eólicas y solares, además de la especificidad geográfica del recurso renovable, estos proyectos comenzaron a causar ciertas barreras por parte de las comunidades que consideran este tipo de proyectos como una amenaza para su estilo de vida y ecosistemas que han sido parte de su identidad y sustento. En México, gracias a la Reforma Energética de 2013 y las Leyes secundarias, el sector eléctrico nacional había dado un gran impulso a las fuentes de energía renovable, con el consiguiente impacto socio-ambiental en las comunidades cercanas a los sitios clave para la explotación de recursos renovables. Para entender en qué situación se encuentra México, debemos referirnos a los objetivos establecidos por el gobierno con respecto a la energía limpia y su grado de cumplimiento: la energía generada en el país a partir de fuentes limpias debe ser del 35 por ciento en 2024 y del por ciento en 2050. Al final del primer semestre de 2017, México generó un poco más del 20% de su electricidad de fuentes limpias, de las cuales aproximadamente el 16 por ciento correspondió a fuentes renovables. Estos ambiciosos objetivos, junto con los mecanismos de la Reforma Energética para impulsar las energías renovables, sugieren que estos proyectos aumentarán considerablemente en los próximos años. Informes recientes demuestran que la región de América Latina y el Caribe tiene el mayor número de conflictos relacionados con el desarrollo y la construcción de infraestructura. Los complejos procesos de consulta social e indígena que han enfrentado la industria energética en los últimos años demuestran cómo los diferentes grupos de interés están constantemente luchando por el estado, los recursos, la seguridad y el poder. Ha quedado claro que los conflictos sociales causados por las iniciativas de infraestructura ilustra la necesidad de endurecer las leyes que rigen dichos proyectos. Por lo tanto, para que cualquier proceso de consulta social sea efectivo y justo, la administración actual debe aprobar las leyes pendientes. Los mecanismos y protocolos de la Evaluación de Impacto Social (EVIS) podrían ser de mayor beneficio si estos procesos se aplican solo a proyectos relacionados con la energía (minería, petróleo, gas, renovables, electricidad), ya que a la fecha los protocolos que se marcan en la EVIS no han quedado suficientemente claros. Definir e institucionalizar claramente estas evaluaciones creará pautas estandarizadas y específicas del sector que identifiquen quién lidera estas evaluaciones y las responsabilidades de cada parte. Por ejemplo, mientras algunas empresas consultoras han demostrado competencia en la realización de evaluaciones y consultas sociales exitosas como entidades subcontratadas de compañías privadas, la SENER también ha establecido un conjunto de protocolos que aún no están estandarizados con los utilizados por grupos consultores independientes. Esto está causando desconfianza e imprevisibilidad para todas las partes involucradas, especialmente en las comunidades locales e indígenas afectadas. Es importante mirar más allá de las razones visibles y analizar las causas estructurales subyacentes del conflicto social. Los proyectos de infraestructura a menudo se desarrollan en periferias sociales y territoriales que pueden verse afectadas por la violencia estructural relacionada con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades o foros efectivos para el diálogo y la participación. Dentro de este entorno, los proyectos de infraestructura pueden reavivar los conflictos sociales existentes al ejercer una mayor presión sobre las tensiones preexistentes y los resultados no pueden ser positivos en estas circunstancias. Los errores cometidos en el pasado son lecciones cruciales aprendidas donde el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos de México tienen un gran espacio para mejorar.

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