Rosario Robles sí informó al presidente Enrique Peña Nieto sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y que se cometieron con el esquema de La Estafa Maestra, explicó en audiencia ante un juez.
La comunicación entre Rosario Robles y el presidente ocurrió por tres vías: en reuniones de gabinete, giras de trabajo en las que coincidieron y vía telefónica a través del llamado “teléfono rojo”, dijo la defensa de la exsecretaria en la audiencia que comenzó el lunes a las 18:00 horas y se extendió hasta la mañana del martes 13 de agosto, según información publicada por la página web de Animal Político.
En las primeras seis horas de audiencia, la defensa de Robles expuso que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la omisión de informar a su superior jerárquico —en este caso al expresidente Peña Nieto— no tienen sustento debido a que sí se le comunicó y con ello se demuestra la “voluntad” de la funcionaria en atender las irregularidades señaladas por la ASF.
El aviso al presidente Peña Nieto fue mencionado en dos ocasiones durante la audiencia en el Reclusorio Sur. Se mencionó para desestimar la acusación del ejercicio indebido de la función pública, delito del que se acusa a Robles.
Robles también dijo que José Antonio Meade fue advertido de las irregularidades detectadas por la ASF en el acta de entrega recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 27 de agosto de 2015, cuando el excandidato presidencial asumió la titularidad de la dependencia y ella fue nombrada titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“En el contenido del acta se estableció e informó el estado en el que se encontraban los señalamientos de la Auditoría y los procesos abiertos de fiscalización, y que deberían ser tomados en cuenta por el nuevo titular (de la secretaría)”, dijo Oscar Ramírez, uno de los abogados defensores de Rosario Robles.
Entre las pruebas presentadas por la defensa de la exsecretaria se encuentran el expediente de investigación realizado en 2015 por el Órgano Interno de Control en el que se rechazan irregularidades cometidas en los convenios con las universidades autónomas del Estado de México y Morelos.
También se presentó un oficio firmado por Rosario Robles el 26 de enero de 2017, en el que instruye a Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor en Sedatu, de “abstenerse de la celebración de convenios con instituciones públicas como parte de la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones”.
Sobre los testimonios de exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu que advierten haber avisado a Rosario Robles de las irregularidades, la defensa los desestimó argumentado que ninguno hace mención a un aviso directo a la titular, ni informan qué convenios específicamente se señalan con irregularidades, o cuándo exactamente ocurrieron los supuestos avisos.
“Tomando el toro por los cuernos”
Robles se presentó desde las 17:10 horas del lunes en el Reclusorio Sur, como se lo ordenó el juez, para reiniciar la audiencia que se había suspendido el pasado 8 de agosto, cuando su defensa pidió más tiempo para recabar pruebas a su favor.
Al llegar, la exfuncionaria federal, vestida con ropa blanca, insistió en que era inocente. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas. Tomando el toro por los cuernos y dando la cara”, dijo.
“Estoy aquí antes de las 6 para presentar la defensa y demostrar mi inocencia. Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, agregó antes de presentarse ante el juez, acompañada por sus abogados, que presentarían durante la noche sus argumentos para tratar de frenar un proceso penal en contra de su cliente.
La audiencia comenzó a las 18:00 horas pero tuvo una pausa pronto, a los 30 minutos, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo estableció un receso, debido a que la Fiscalía General pidió revisar la documentación de la defensa de Robles.
Los abogados de la extitular de Sedesol y Sedatu argumentaron que la Fiscalía General no había aceptado recibir los documentos de prueba el lunes por la tarde, ni antes de la audiencia; y la Fiscalía, en tanto, señaló que no fue avisada sobre que acudirían a entregarles la información.
Por esa situación, la Fiscalía pidió una hora para revisar los papeles. El juez reprendió con esta frase: “No sé para qué me vienen a pedir permiso a mí si ya saben que es su obligación (revisar las pruebas antes de la audiencia)”.
Al regreso de esta pausa, la audiencia continuó hasta la madrugada del martes, con la expectativa de saber si la Fiscalía General lograría que el juez vincule a proceso a Robles, e iniciar así entonces el proceso legal, al considerar que existen suficientes pruebas para seguir la investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
O si, por el contrario, el juez de control decidía cerrar el caso porque los presuntos hechos delictivos no existieron, o no había pruebas suficientes para imputar a la persona acusada.
Aún en este caso, la Fiscalía tendría la posibilidad de apelar la decisión del juez durante tres días hábiles. O puede seguir investigando para, en caso de encontrar más pruebas, solicitar una nueva audiencia.
La FGR, desde la audiencia del pasado 8 de agosto, acusó que Rosario Robles, como titular de la Sedesol y la Sedatu, supo desde 2014 de distintas irregularidades cometidas en las dependencias después de que funcionarios le avisaran en persona y por escrito. Además de que recibió distintos oficios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que le informaron de los desvíos detectados.
Según la parte acusadora, Robles no hizo nada por detener el presunto fraude ni le avisó a su superior, que en este caso era el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público, que provocó un desvío de al menos 5 mil 73 millones de pesos.
“Rosario Robles no evitó las conductas irregulares de terceros, y no administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, acusó el 8 de agosto el agente de la Fiscalía, Mario Fonseca, que hizo una presentación sobre los 27 convenios que Sedesol y Sedatu firmaron con universidades.
Robles, extitular de Sedesol y de la Sedatu, es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno federal, ocho universidades públicas y 186 empresas para desaparecer millones de pesos en recursos públicos. (ANIMAL POLÍTICO)
Autor
Otros artículos del mismo autor
- EL MUNDO22 noviembre, 2024Quien contamina paga: El tratado sobre la contaminación por plásticos debe garantizar la rendición de cuentas
- EL MUNDO21 noviembre, 2024Zonas rurales de China atraen a más jóvenes
- EL MUNDO21 noviembre, 2024Turistas internacionales exploran el interior de China aprovechando la ola de viajes por este país
- EL MUNDO21 noviembre, 2024La Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra Netanyahu por crímenes en Gaza