OPINIÓN

EN EL TINTERO

Por

9 agosto, 2019

Hasta Querétaro

Están a punto de cumplirse dos años de la demanda interpuesta por una servidora en contra del político Julio Aldape, quien en septiembre de 2017 fungía como representante del extinto Partido Joven ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas, acudí personalmente para presentar la querella por intimidación, hostigamiento y agresión al ejercicio periodístico, además del riesgo de la profesión en mi calidad de mujer.

¿Por qué lo menciono como un asunto de género? Recordarán algunos que este proceso legal inicio luego de la opinión que emití en esta misma columna En el tintero respecto a las expresiones misóginas que realizó Aldape sobre el feminicidio de la joven Mara Fernanda, quien fue asesinada por un conductor de Cabify en Puebla.

Consigné las expresiones de odio contra la estudiante que hizo el político, señalando que dolía una posición así de la sociedad, pero más de quienes nos representan, pues en varias ocasiones había también buscado espacios de elección popular.

La decisión de proceder jurídicamente vino después de una serie de llamadas y sugerencias de organismos y colegas preocupados por una servidora, al considerar el tema era grave y había riesgo hacia mi persona y mi familia por los antecedentes de violencia de este personaje.

Agradecida por el respaldo que recibí de la Red de Mujeres de la Laguna, Artículo 19, la Red de Periodistas del Noreste, el colectivo San Aelredo y periodistas de Coahuila, se activó el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero hay que decirlo, dicho mecanismo demostró su ineficiencia y el estado su indiferencia.

Cuando el pronunciamiento con la firma de decenas de colegas y el respaldo de organismos locales y nacionales llegó a la Presidencia de la República, la Fiscalía general del estado se desvivió con atenciones. Una mesa de 10 expertos en agresión a periodistas con especialistas en perspectiva de género, solicitó hablar conmigo para orientarme y comprometerse a dar seguimiento del caso.

A la fecha ya nadie de ellos se acuerda más que de las promesas de sus obligaciones, pues el Ministerio Público, un joven malhumorado e inexperto, cada que solicito avances de la denuncia justifica con que no han logrado localizar a Aldape para notificarle del proceso en su contra. Muy extraño, porque una servidora lo ha visto repetidas ocasiones en eventos, se lo ha topado en el Aeropuerto y algunas veces ha intentado acercarse.

¿Que ha provocado la ineficiencia de la autoridad? Que Julio Aldape vuelva a hacer de las suyas. Resulta que hace unos días recibí comunicación de periodistas y activistas del estado de Querétaro, quienes exponen su preocupación por una agenda anti derechos humanos, discriminación y violencia de género que está promoviendo la diputada del PAN, Elsa Méndez. Adivinen quien la asesora. Nada más y nada menos que Julio Aldape.

La legisladora ha agredido también a periodistas, y violentado los derechos de mujeres y colectivos LGBTTI. Incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) concluyó que los discursos de la diputada local, Elsa Méndez, contienen mensajes discriminatorios por lo que se le solicitó elaborar un Acuerdo de Responsabilidad.

La diputada fue denunciada por la activista Maricruz Ocampo, Luis Felipe Zamudio, del Centro de Orientación e Información del VIH-SIDA (COIVIHS) y Alicia Colchado, por lo que sin mayor empacho decidió contratar a Julio Aldape para su defensa, tal vez conociendo sus antecedentes se violencia de género y agresión a periodistas.

Llama la atención que el PAN y su líder nacional Marko Cortés, respalden las acciones de la diputada y permitan que su partido se vea involucrado con un personaje de negros antecedentes, pues está acreditado, que agredió también al periodista Francisco de la Peña, director del Heraldo de Saltillo y fue demandado por la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, por violencia política de género.

Al Ministerio Público de Coahuila que lleva mi caso desde aquí le digo: “El demandado se fue hasta Querétaro, todo el mundo lo ubica menos ustedes”. Valiente Fiscalía protege los derechos de defensores y periodistas. La única solución es que las redes de reporteros continuemos con nuestros protocolos de protección, y denunciemos, pero desde la opinión pública para que, por lo menos del juicio de la sociedad, no se queden impunes estos hechos.

Autor

Jessica Rosales: Reportera desde enero de 2000. Fundadora de la Agencia de Noticias Digital UNIMEDIOS. Actualmente titular del noticiero Capital Noticias 91.3FM en Saltillo y Coordinadora de Contenidos de Capital Media Coahuila. Escribo la columna “En el tintero” que difunde El Heraldo de Saltillo, La Otra Plana y Capital Coahuila.