Diversas fracciones parlamentarias en el Congreso de Coahuila, presentaron puntos de acuerdo condenando el asesinato de un migrante en Saltillo el pasado 31 de julio, y solicitando a las autoridades de los tres niveles mejorar la capacitación a sus elementos en materia de respeto a derechos humanos y de protocolos de acción, ya que se ha determinado por las autoridades que fue un elemento de la Fiscalía General del Estado quien realizó el disparo en contra de dicha persona.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la fracción del PAN en el Congreso, solicitó al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, realice un plan de capacitación emergente para su personal, en materia de respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes, “de manera que se pueda brindar una atención digna y suficiente al grupo de migrantes que constantemente transita por el Estado”.
A su vez, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del partido Unidad Democrática de Coahuila, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, presentó un punto de acuerdo a través del cual se solicita al titular del Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión fortalecer presupuestalmente a las dependencias de gobierno responsables de atender a la comunidad migrante y se asigne un presupuesto extraordinario a los gobiernos municipales fronterizos.
También, den a conocer el rol que desempeñarán en dicha estrategia los gobiernos fronterizos estatales y locales, así como el plan de acción para fortalecer las estaciones migratorias, los albergues para migrantes y operativos conjuntos en la frontera norte; además de informar sobre los protocolos de atención a migrantes que deben ejecutar autoridades estatales, municipales, sociedad civil y ciudadanía en general.
Solicitó además, una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Fronterizos, autoridades municipales, federales y sociedad civil para detallar el plan de acción en el estado, y que se capacite y sensibilice a los cuerpos de Seguridad Pública estatal en materia de atención y respeto de los derechos humanos de la comunidad migrante y que la Fiscalía General del Estado investigue con estricto apego a derecho y total transparencia los hechos en los que perdió la vida un migrante a manos de elementos estatales.
Aseguró que hoy se observa una transición a criminalizar al migrante, “y de eso son responsables las autoridades que participan con sus verificaciones migratorias sin sustento legal, sin órdenes, ni peticiones por parte del INAMI en albergues, estaciones migratorias o supuestos operativos”.
“Tenemos problemas muy importantes: nulas o pocas estrategias estatales y locales en la atención al tema de migración; atención coyuntural débil y una falta de coordinación entre las entidades de gobierno y el aumento de solicitudes de refugio que suman 50 mil personas, entre migrantes hondureños, venezolanos, nicaragüenses y guatemaltecos”, sostuvo.
Jaime Bueno Zertuche, coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso, solicitó también a la Fiscalía General del Estado, puntual seguimiento al proceso penal instaurado con motivo de la privación de la vida de del migrante hondureño “y se fortalezcan los procesos de capacitación de sus elementos en el uso razonado de la fuerza y el respeto a los derechos humanos de toda persona”.
“Nos preocupa como ciudadanos y como legisladores, que sucedan este tipo de actos que desconciertan a la sociedad por el impulso inmoderado del uso excesivo de la fuerza por parte de un elemento encargado de la investigación y persecución de hechos delictivos”, externó. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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