Entre 2013 y 2016, al menos 11 dependencias del gobierno Federal presuntamente desviaron recursos públicos a través del esquema de La Estafa Maestra, pero hasta el momento, la Fiscalía General de la República sólo ha procedido contra Rosario Robles, quien encabezó la Sedesol y la Sedatu, mientras que el resto de extitulares permanecen libres de cualquier acusación.
Animal Político publicó en su página web que aunque La Estafa Maestra también ocurrió en Banobras, encabezado en 2013 por Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México; en Pemex, con Emilio Lozoya como director; en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza o en el ISSSTE con José Reyes Baeza, los únicos que enfrentan proceso penal ante la Fiscalía son Robles y su equipo de trabajo.
Por este mecanismo de desvío, la Auditoría Superior ha hecho 32 denuncias penales entre 2015 y 2019, concentrándose en Sedesol, y Sedatu con 23 procedimientos, en las que también se incluyen a 14 universidades públicas con las que dichas secretarías hicieron convenios.
También contra la Sagarpa, con 3 denuncias en la gestión de José Calzada Rovirosa y tres organismos, el INEA, que entonces dirigía, Alfredo Llorente; el SUPERISSSTE y el FOVISSSTE, órganos del ISSSTE cuyo director era José Reyes Baeza.
Incluso, en las más recientes denuncias penales interpuestas por la Auditoría apenas el 5 de julio, su sumaron Conagua y Diconsa. También a la Universidad de Salamanca, aunque no contra la Sagarpa, dependencia con la que la institución hizo convenios y donde los recursos públicos también se perdieron en empresas irregulares, es decir, el esquema de La Estafa Maestra.
Dicho mecanismo fue revelado en la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en la que se documentó que 11 dependencias del gobierno Federal hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ilegales y, por tanto, más de 3 mil millones de recurso públicos desaparecieron.
La primera denuncia interpuesta por la Auditoría por este esquema ocurrió en 2015 contra la Sedesol y las Universidades del Estado de México y de Morelos por el presunto desvío de recursos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En 2017 volvió a denunciar a la Sedesol y las Universidades de Morelos, Intercultural Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica Nezahualcóyot, Juárez del Estado de Durango y Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. También a organismos como Radio y Televisión de Hidalgo. En 2018 hubo denuncias en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, cuando la dirigía Rosario Robles, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Estafa organizada bajo investigación, pero sin responsables aún
La Estafa Maestra se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República, luego de que el fiscal Alejandro Gertz Manero ordenó reestructurar diversas denuncias penales presentadas por la Auditoría a la luz de revelaciones públicas que evidenciaron un esquema organizado.
Así lo confirmaron a Animal Político autoridades de la Fiscalía General, quienes precisaron que aún no se procede penalmente en contra de probables responsables pues el caso, que se indaga de oficio bajo esta nueva visión, continúa en integración. El citatorio en contra de Robles fue por una denuncia promovida en septiembre pasado y en la que solo ella figura hasta ahora como probable responsable.
La investigación del esquema organizado detrás de la Estafa Maestra, y de otros casos como el de Odebrecht, se encuentra bajo supervisión directa de la oficina del Fiscal General.
Gertz ya había adelantado públicamente la reorganización del caso. “Debió investigarse desde inicio la hipótesis de colusión para organizar un enorme saqueo desde el poder y será necesario reestructurar todo desde perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado” dijo en conferencia de prensa el 6 de mayo.
Las denuncias penales presentadas hasta ahora tanto por la Auditoría Superior de la Federación así como por organizaciones de la sociedad civil se han enfocado hasta ahora en dependencias encabezadas por Rosario Robles.
Estefania Medina Ruvalcaba, una de las promotoras de la denuncia de septiembre pasado que derivó en el citatorio contra Robles, explicó en entrevista con Animal Político que aún cuando las denuncias se han enfocado en solo un puñado de dependencia y universidades, la Fiscalía está obligada a proceder de oficio por todo el esquema.
Lo anterior, añade Medina, ya que se trata de un hecho que se hizo público en diversas formas, tanto en los informes de auditoría de la propia ASF así como en investigaciones periodísticas como la de la Estafa Maestra.
“La investigación la puede iniciar la Fiscalía General de oficio solo con la investigación periodística. A nivel federal este tipo de ilícitos se inician de oficio y de hecho están obligados a hacerlo sin mayores requisitos. Se trata de uno de los grandes beneficios del sistema penal acusatorio el cual hizo menos complicado el arranque de una indagatoria” dijo Medina.
Más denuncias por el mismo mecanismo
Entre las denuncias más recientes que interpuso la Auditoría, el pasado 5 de julio, tienen relación con el mecanismo de desvío, pero ocurridas en nuevas universidades y organismos.
La Auditoría denunció penalmente a la Universidad Tecnológica de Salamanca, que firmó convenios por 59 millones 449 mil pesos con hasta seis dependencias de gobierno y organismos públicos: la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Pronósticos para la Asistencia Pública, Indesol, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
De acuerdo con un informe forense, la ASF documentó que, de esos casi 60 millones, el 78.5%, es decir, 46 millones 693 mil pesos, fueron entregados a personas físicas y 7 empresas fraudulentas o fantasma, a través del esquema de desvío de La Estafa Maestra.
Es decir, la universidad recibió el dinero de las seis dependencias y organismos públicos para hacer una serie de servicios. Pero no hizo ningún trabajo y, a través de una violación al artículo 1 de la ley federal de adquisiciones, subcontrató a personas físicas y a empresas fantasma o fraudulentas, que tampoco dieron los servicios y se quedaron con el dinero.
Por ejemplo, la Auditoría determinó un probable daño al erario por 15 millones 834 mil pesos derivado de un convenio entre la CFE y la Universidad Tecnológica de Salamanca.
La universidad debía darle servicios a la CFE de “investigaciones sociales” para la atención de conflictos derivados de varios proyectos, como el Gasoducto El Encino-Topolobampo.
Sin embargo, la universidad, con los casi 16 millones de dinero público que recibió de la CFE, subcontrató el 100% de los servicios a cinco supuestos expertos técnicos y a la empresa Merc y Asociados SA de CV, a pesar de que la ley de adquisiciones solo le permitió subcontratar un 49% de los servicios.
La Auditoría también detectó que no hay pruebas de que los expertos técnicos y la empresa dieran los servicios subcontratados de manera irregular por la Universidad.
Además, las personas físicas y Merc y Asociados transfirieron 11 millones 864 mil pesos de dinero público a la cuenta de otra empresa: ADSO de México SA de CV, compañía ajena a los servicios contratados por la CFE a la universidad, y que, además, está en la lista negra de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). (ANIMAL POLÍTICO)
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