El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó este lunes en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional que busca echar atrás la ampliación de mandato aprobada en el estado de Baja California.
En su cuenta de Facebook, Sánchez detalló que esto lo hizo porque «es mi obligación como alcalde de Mexicali el procurar que el Estado de derecho no sea violentado en el Estado».
En tanto, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, también presentó el viernes un recurso similar, informó El Financiero en su sitio web.
De acuerdo con Acción Nacional, “con estas acciones se busca obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ilegal reforma a la Constitución de Baja California, a fin de que no sea violentado el Estado de Derecho y se respete el voto de los ciudadanos en las urnas, que sólo eligieron al mandatario estatal por dos años y no por cinco”.
Asimismo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció la semana pasada que, en cuanto le sea notificada la reforma aprobada, además de no promulgarla, interpondrá otra controversia constitucional.
Todo esto se suma a las acciones que lleva a cabo el PAN para frenar la violación flagrante a los derechos políticos de los ciudadanos en Baja California.
“Acción Nacional tomará todos los caminos legales necesarios y llegará hasta las últimas consecuencias en este caso, pues no permitirán que se retroceda ni un paso en la consolidación del México moderno democrático”, apuntó el albiazul
Recordó que, de manera paralela, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidistadel Consejo Nacional trabaja en el proceso de expulsión de los diputados locales implicados en la aprobación de la reforma, lo cual será informado en los próximos días.
La semana antepasada, con el respaldo de Morena y la mayoría de los diputados panistas, el Congreso de Baja California aprobó la modificación constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
Esto ha provocado diferencias entre los integrantes de varios partidos, así como el rechazo por parte de diversos grupos, como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. (EL FINANCIERO)
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