Pide Tribunal seguir investigando caso FICREA

 El caso FICREA, en el que se causó al Poder Judicial de Coahuila un daño patrimonial estimado en 126 millones de pesos, debe indagarse a profundidad y si se encuentran responsables sancionarlos, aseveró la Presidente del Poder Judicial Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, quien recordó que dicha instancia ha interpuesto diversos recursos legales, algunos aún pendientes de resolver.

Cárdenas Cantú, explicó que, así como la Auditoría Superior de Coahuila ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura interpuso denuncias, contra quien resulte responsable, e incluso promovió amparos cuando se determinó el no ejercicio de la acción penal, recurso que no se ha resuelto aún.

“A nivel federal el anterior Presidente (del Tribunal) apeló porque nos dijeron que no había ejercicio de la acción penal, luego se dijo que no había interés legítimo de nuestra parte, que no teníamos facultad para impugnar eso, y nos fuimos al amparo, promovimos la apelación y en octubre del 2018 apenas se tuvo por interpuesta, falta que se resuelva”.

Expresó que dan la bienvenida a la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, y agregó que ésta se basa en una inspección o auditoría que se hizo en enero del 2015, donde se elaboró un dictamen que se dio a conocer al Congreso del Estado y de éste también se derivó un procedimiento disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura.

Cárdenas Cantú apuntó que el único hecho actual es que los funcionarios implicados por ya no pertenecer al Poder Judicial no pueden ser sujetos de un procedimiento disciplinario, “pero no hay que perder de vista que éste sí se inició en 2015, contra los funcionarios como los contadores que trabajaban ahí que ya habían renunciado, y entonces se declaró sin materia”.

Apuntó que una vez iniciado un procedimiento y concluido eso, el Consejo de la Judicatura ya no puede iniciar otro, “pero es bien distinto el procedimiento como falta administrativa, que la sanción como tal es una suspensión, amonestación y puede llegar a la destitución o inhabilitación; a un proceso legal que es una denuncia y que estamos convencidos que debe indagarse a profundidad, y de encontrar responsables sancionarlos”. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)