Con la iniciativa del Consejo de participación Ciudadana y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, inició el reto de “100 días” en el mes de febrero del presente año, finalizando la tarde de este miércoles. Dicho reto tiene como objetivo fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración de los diferentes órganos, dependencias e instituciones autónomas que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y que los ciudadanos tengan un rol más participativo y proactivo, según informó en un comunicado el titular de la Fiscalía, Jesús Homero Flores Mier.
El proyecto cuenta con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo la metodología del
Instituto de Resultados Rápidos (RRI). Cabe resaltar que es la primera vez, que se aplica dicha metodología en el tema anticorrupción en Latinoamérica.
La colaboración de organizaciones de sociedad civil como lo son el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Consejo Cívico Laguna, Participación Ciudadana 29, CANACINTRA, CANACO, COPARMEX, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Carolina brindaron apoyo al sistema sobre las necesidades y perspectiva de la sociedad, abonando su conocimiento, trabajo y compromiso a los resultados que ha dado este reto.
El Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Auditoria Superior del Estado, la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción son los organismos participes en este reto.
31 servidores públicos son llevados ante sede judicial
El equipo de la mesa penal, estableció como meta para la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción la judicialización de siete (07) carpetas de investigación, dicha meta fue rebasada en un 37%, llegando a once (11) carpetas de Investigación Judicializadas por los delitos de peculado, abuso de autoridad, otorgamiento ilícito de concesiones y prevaricación, lo que significó, que 31 servidores públicos fueran llevados ante sede judicial, esto en un plazo de 3 meses y medio.
54 servidores públicos resarcieron el daño
Como parte de la meta también se fijó la conclusión en cualquiera de sus modalidades de dieciséis (16) carpetas de investigación, y se dio como resultado 22 carpetas de investigación concluidas, donde 54 servidores públicos resarcieron de alguna manera el daño ocasionado, obteniéndose un monto de más de setecientos mil pesos ($ 700,000.00 M.N.). Cabe señalar que las modalidades de conclusión de las carpetas fueron por reparación del daño, perdón, acuerdo reparatorio y hecho atípico por supresión del tipo penal, privilegiándose uno de los objetos del proceso penal que es la reparación del daño a la víctima u ofendido. (EL HERALDO)
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