Como una violación a los derechos de los niños, así como un acto de autoritarismo que vulnera la autonomía de poderes en el país, calificaron legisladores locales y ex legisladores federales el memorándum hecho público la semana anterior en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, gira instrucciones a miembros de su gabinete para no aplicar aspectos específicos de la reforma educativa nacional.
“Como panista, diputado y mexicano te puedo decir que es un grado de autoritarismo muy peligroso para el país, sabemos perfectamente que todo acto de autoridad requiere estar fundado y motivado y al ser omiso acarrea la nulidad del mismo; yo lo veo totalmente jurídico y simbólicamente político”, expresó el Presidente de la Junta de Gobierno Marcelo de Jesús Torres Cofiño.
Por su parte la ex legisladora Esther Quintana Salinas, que participó en la construcción de la Reforma Educativa en cuestión, subrayó que la misma se edificó con una nutrida participación de personas conocedoras del tema, como pedagogos, que participaron en foros de consulta en todo el país, por lo que, si bien se trata de un marco que puede perfeccionarse, de ninguna manera se debe actuar en forma unilateral para tal objetivo.
Ambos coincidieron en que se trata de un “severo ataque” a la división de poderes y en que violentar el proceso que debe seguir para derogar o modificar alguna ley también puede definirse como corrupción, puesto que se contrapone a una ley vigente. Por lo que se puede presentar, destacó Quintana Salinas, una acción de inconstitucionalidad sobre el documento que para empezar no tiene ninguna validez legal, en tanto que Torres Cofiño indicó que de ser acatado, se debe presentar una denuncia de carácter penal en contra de los funcionarios que se citan en el mismo.
Quintana Salinas subrayó el retroceso que implican estas indicaciones, pues “en primer lugar la reforma demanda que la dirección de la educación regresara al Estado, porque mala y equivocadamente se le otorgaron a los sindicatos… es el Estado quien tiene esa facultad, los sindicatos están para salvaguardar los derechos laborales”, subrayó que esta reforma nunca violentó los derechos laborales pues están salvaguardados en la Fracción Séptima del Artículo tercero constitucional; “que ahora López Obrador en la iniciativa que mandó en Diciembre a la Cámara de Diputados la borra por completo”.
Destacó que el memorándum no tiene ninguna validez jurídica, pero además los maestros tienen la oportunidad de acuerdo a la actual legislación de presentar el examen de evaluación hasta tres veces y de no pasarlo en ninguna oportunidad aún pueden ser reubicados con todos sus derechos a salvo, por lo que no se les está vulnerando, “porque el bien mayor son los niños”.
Recordó que la primera obligación del Presidente de la República es cumplir y hacer cumplir las leyes, “y no se vale ahora que él mismo (qué vergüenza, que deleznable actitud), les esté dando instrucciones a sus secretarios de Estado para que echen para atrás las consecuencias jurídicas que tiene la iniciativa que fue aprobada en las dos cámaras: la de Diputados y Senadores, o sea está violando las disposiciones constitucionales”.
En tanto, Torres Cofiño, indicó que se violentan los derechos de la niñez puesto que el piso de la reforma era cómo mejorarla, no cómo empeorarla, “y lo que estamos viendo es que el Presidente de la República piensa que todo lo que se hizo está mal, y quien está mal es él; esto lo desnuda como una persona ignorante de la ley y eso es muy peligroso para el país». (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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