OPINIÓN

EL MEMORÁNDUM

Por

22 abril, 2019

El pasado 16 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum con el que, se interpreta, pretende dejar sin efecto “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Las reacciones a tal acto fueron inmediatas. La Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) pidió al Presidente rectificar el memorándum que firmó para suspender la reforma educativa de 2013, puesto que consideró que se trata de un decreto fuera de la ley y que lesiona los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Al fijar su postura, la CNDH recordó que la educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y no puede ser suspendido por ningún documento o decisión que esté fuera de las normas.

“La instrucción dada en el sentido de dejar del aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución (…) genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por separado, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, organismo que une a los colegios de abogados más prestigiados de México (Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México), consideró que el memorándum firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender la reforma educativa promulgada durante la administración pasada viola el principio de división de poderes que rige en el país.

Al emitir su postura sobre el tema, el consejo señaló que es preocupante que el documento no está debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución.

“El memorándum emitido por el Presidente viola el principio constitucional de la división de poderes, al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el Presidente de la República invade atribuciones no sólo del Poder Legislativo sino del Constituyente Permanente al arrogarse facultades extraordinarias para legislar”.

“México tiene complejos y profundos problemas sociales, pero ninguno justifica que para solucionarlo se violen los principios de nuestra Constitución”.

El periódico EL UNIVERSAL informó que legisladores de la oposición advirtieron que cumplir con el memorándum emitido por el titular del Ejecutivo federal podría costarle el cargo a los secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda.

Al respecto, el Consejo General de la Abogacía Mexicanacoincidió en que, al impedir la ejecución de una ley vigente y un mandato constitucional, los funcionarios a quienes está dirigido el memorándum también podrían ser responsables penalmente, al no cumplir con su deber como servidores públicos.

Señaló que la solicitud de López Obrador de dejar sin efecto la reforma educativa implica una “clara transgresión a la protesta que rindió como Presidente de ‘guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen’”, misma que además es obligatoria para todos los servidores públicos del país.

“El Poder Ejecutivo no puede abstraerse del ejercicio de una de sus principales atribuciones constitucionales, que es ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión’. No hacerlo es un franco desacato a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución”, indica el documento firmado por el presidente del consejo, José Mario de la Garza.

Ante la serie de críticas y señalamientos, El Presidente López Obrador defendió el memorándumque firmó al decir que no es un asunto jurídico, sino político.Sin embargo, pidió que, si algunos consideran que hay delitos, acudan a tribunales.

“Es un asunto político, no es iniciativa de ley, ni decreto, ni acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándums”. Además, pidió que si se incurre en algún delito por este tema se acuda a tribunales, ya que “por eso está el Poder Judicial”.

“Quise que se conociera nuestra política porque no es un asunto jurídico, sino político. Quise mandar un mensaje claro para que se conociera nuestra postura porque luego se distorsiona. Hice un compromiso que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy cumpliendo”. Fue el argumento del López Obrador. (Con información de eluniversal.com.mx)

Dice el grande de la Teoría del Estado que: “Hay que concebir al derecho como la condición necesaria del Estado actual y, asimismo, al Estado como la necesaria condición del derecho del presente. Sin el carácter de creador de poder que el derecho entraña no existe ni validez jurídica normativa ni poder estatal; pero sin el carácter creador de derecho que tiene el poder del Estado no existe positividad jurídica ni Estado”. (Heller, H. Teoría del Estado)

Afortunadamente el Presidente ha dejado claro que su memorándum es más la ratificación de un mensaje político que un ordenamiento con tintes jurídicos. Para que alguien tenga poder, es decir, para que sus órdenes sean cumplidas de modo constante, es preciso que quienes lo sostienen, o al menos aquellos de más influjo, estén convencidos de la legitimidad de su poder. El poder político es una relación social, pero no es necesariamente una capacidad política personal.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

josevega@nuestrarevista.com.mx