La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseveró que la desigualdad es una moneda corriente en todo el mundo ya que “incluso en los Estados prósperos las personas se sienten excluidas de los beneficios del desarrollo y privadas de sus derechos económicos y sociales lo que conduce a la alienación, el malestar y, a veces, a la violencia”.
Michelle Bachelet destacó este martes que la persistencia de las desigualdades ha provocado protestas alrededor del mundo que “exigen un diálogo respetuoso”. No obstante, en varios casos, reciben como respuesta uso violento y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas e incluso presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales
“Si no se tratan las ´grandes desigualdades’, los principales temas quedarán sin resolver”, advirtió Bachelet durante una presentación de las actividades de su Oficina durante el año pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde hizo un exhaustivo repaso los desafíos que enfrenta la humanidad en esa materia.
Entre estos, destacó las amenazas que plantean el cambio climático, los avances tecnológicos, el sufrimiento de la población civil ante los conflictos armados, el desplazamiento de población, el desempleo entre los jóvenes y las profundas desigualdades, tema en el que centró su intervención.
Venezuela, Nicaragua y Centroamérica
De América Latina, la Alta Comisionada trató la situación en Venezuela, Nicaragua y el desplazamiento de las personas provenientes del triángulo norte de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Con respecto a Venezuela, consideró que las vulneraciones a los derechos civiles y políticos, entre las que incluyó la falta de defensa de las libertades fundamentales y la independencia de instituciones clave, pueden incrementar el deterioro de los derechos económicos y sociales.
“También muestra cómo el rápido deterioro de las condiciones económicas y sociales da lugar a más protestas, a una mayor represión y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos, [provocando] una espiral de tendencias cada vez más aceleradas y tremendamente negativas”, dijo.
Bachelet consideró que la situación en el país sudamericano se ha visto agravada por la imposición de sanciones económicas causando una crisis política, económica, social e institucional que consideró “alarmante”.
Por otra parte, subrayó que la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua “podría constituir un paso importante” para tratar los problemas que se iniciaron entre abril y julio de 2018, cuando se registraron las manifestaciones contra la reforma de la seguridad social puesta en marcha por el Gobierno y que se ampliaron después a otras demandas sociales.
Entre estas dificultades, la Alta Comisionada enumeró las crecientes restricciones en los lugares públicos, la persecución de las opiniones disidentes, las restricciones a la libertad de prensa, así como las medidas de austeridad y el desempleo.
Además, indicó que el Gobierno debe garantizar que el diálogo sea “respetuoso, seguro e inclusivo” para todos los agentes políticos y grupos de la sociedad civil.
La falta de desarrollo provoca desigualdad
En cuanto al desplazamiento de personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos, apuntó que es producto “de la imposibilidad de garantizar que el desarrollo llegue a todas las personas en esas naciones”, provocando continuas violaciones de los derechos “que conducen a profundas desigualdades”.
Como respuesta a este desafío, resaltó la creación de un plan integral de desarrollo, actualmente en fase de elaboración, por parte de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y la CEPAL.
Asimismo, explicó los esfuerzos del Gobierno de México de pasar de un sistema centrado en la detención y deportación de migrantes a uno basado en la protección de sus derechos que incluya oportunidades de regularización.
Igualmente, Bachelet mostró su preocupación por los nuevos Protocolos de Protección de los Migrantes en Estados Unidos “que restringen el acceso al asilo y a otras formas de protección de los derechos humanos, y empujan a los migrantes a cruzar la frontera para esperar a que se inicien sus procedimientos sin las debidas garantías procesales ni salvaguardias”. (ONU NOTICIAS)
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