La Oficina se estableció en 1995 y durante muchos años trabajó con el Gobierno en la reforma del sector de la seguridad y justicia y en construir instituciones de la sociedad civil. En 2016, como reacción a un informe de esa dependencia de la ONU, el Gobierno suspendió la cooperación y, en diciembre de 2018, pidió el cierre. Michelle Bachelet aseguró estar “decepcionada”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos anunció que su oficina en Burundi cerró el pasado jueves por exigencia del Gobierno de ese país, tras 23 años de trabajo.
«Desde que se estableció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en 1995, durante muchos años trabajamos con el Gobierno en la consolidación de la paz, la reforma del sector de la seguridad, la reforma del sector de la justicia y ayudamos a desarrollar la capacidad institucional y de la sociedad civil en toda una serie de cuestiones de derechos humanos», declaró Michelle Bachelet en un comunicado.
La Oficina se había creado en el contexto de violaciones masivas de las garantías fundamentales perpetradas en el país luego del asesinato del entonces presidente Melchior Ndadaye, y ayudó a garantizar la incorporación de una dimensión de derechos humanos a la implementación del Acuerdo de Arusha, que fue la base de la estabilidad del país durante muchos años.
La ONU también desempeñó un papel destacado en el establecimiento de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como en las reformas legislativas y en el surgimiento de fuertes organizaciones de la sociedad civil.
«Desafortunadamente, muchas de estas mejoras en los derechos humanos se han puesto en grave peligro desde 2015», dijo Bachelet.
En 2016, como reacción a un informe de la Oficina, el Gobierno suspendió la cooperación. Esto significó que el personal de la ONU se viera gravemente obstaculizado en su capacidad para investigar las denuncias de violaciones de las garantías fundamentales.
“No obstante, la Oficina en Burundi y en la sede de Ginebra, ha seguido recibiendo denuncias”, recalcó Bachelet.
Dos años después de la suspensión de la cooperación, el 5 de diciembre de 2018, el Gobierno solicitó el cierre de la Oficina, explicando que el país había avanzado lo suficiente en la implementación de mecanismos nacionales para la protección de los derechos humanos, por lo que su existencia ya no era justificable.
“Nuestros informes siempre se hicieron con un espíritu constructivo para promover y apoyar la promoción de los derechos humanos en el país. Estoy decepcionada por la falta de cooperación de Burundi con los mecanismos de la ONU en años recientes, que llegó tan lejos como amenazas de procesar a los miembros de la Comisión Independiente Internacional de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos”, aseguró la Alta comisionada.
Bachelet rindió homenaje a los muchos defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil en Burundi que han trabajado con dedicación inspiradora, perseverancia, valentía y experiencia a lo largo de muchas crisis políticas y sociales en el país, y expresó con preocupación que, en los últimos años, se les ha detenido o forzado al exilio.
«Aunque nuestra Oficina en Burundi cierre, continuaremos explorando otras formas de trabajar para apoyar la promoción y protección de los derechos humanos en el país», dijo.
Agregó que el Gobierno expresó estar dispuesto a trabajar con ella y espera que participe de manera constructiva y coopere con todos los mecanismos pertinentes de la ONU en materia de derechos humanos. (ONU NOTICIAS)
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