La aventura en España del Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa del cártel de los Zetas, ha terminado. Agentes norteamericanos lo recogieron esta semana en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas (EU) donde lo reclama la Justicia por blanqueo de capitales y organización criminal. El sitio web de El País publicó que la entrega fue acordada por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que hace dos años acordó su extradición.
Hace un año el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades norteamericanas, puede poner en aprieto a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado de Coahulia con las que el presunto narco mantenía relación.
La defensa en España de Muñoz no se ha opuesto a la extradición pese a que en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se tramita otra causa en la que se le acusa de similares delitos que en Estados Unidos para su entrega, el Juzgado español decretó mediante un reciente auto su puesta en libertad provisional e inmediatamente la Sala de lo Penal acordó su prisión y comunicó a las autoridades norteamericanas que se lo podían llevar, según señalan fuentes judiciales.
Muñoz Luévano residía con su familia en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid hasta que el 18 de marzo de 2016 policías españoles lo detuvieron e ingresaron en prisión bajo la acusación de blanqueo y narcotráfico. Desde allí coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que Los Zetas colocaban en Europa. Durante varios años los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía grabaron sus conversaciones y descubrieron que mantenía estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la Justicia de México.
Informes policiales revelados por EL PAÍS destacan que el narco mantenía contactos con procuradores y exprocuradores de varios estados mexicanos, así como con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila. Las intervenciones telefónicas destaparon las órdenes de Muñoz a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México: “chingar a la madre”, “quitarle todo al padre”, “aventear”, dar “unos tablazos”, “meter una calambrada”, “caer sobre toda la familia”. Incluso un supuesto plan para asesinar a una fiscal en ese mismo Estado, del que España avisó a las autoridades de México sin recibir respuesta, tal y como desveló este periódico.
En dos ordenadores intervenidos por la Policía en su domicilio, Muñoz guardaba varias hojas de Excel en las que se recogen 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viajes y maletas a los jefes de la organización en distintos hoteles céntricos de México. Según esta contabilidad el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa que repatriaron a la organización 63 millones de euros.
España no puede juzgar en rebeldía a Juan Manuel Muñoz por lo que una vez terminada la causa en Texas deberá reclamarlo a Estados Unidos para juzgarlo aquí por los delitos que se le imputan. Las autoridades norteamericanas consideran a Muñoz “un miembro importante de la organización delictiva de los Zetas vinculado con políticos mexicanos de alto nivel”. Para la DEA y la Justicia de ese país “es gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo” ligado a la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que dirigen los hermanos González Treviño en México y Nueva York. Muñoz tiene negocios de gasolineras en México y se le acusa, también, del robo de carburante en varias refinerías. (EL PAÍS)
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