«¡Son muchos!», dice preocupada María Emma Esquivel, voluntaria del comedor comunitario El Ébano, en Cuajimalpa, a Rosa María Salazar, vocal de alimentación del mismo comedor, al ver entrar a personal de la Ciudad de México del programa Mejor Escuela en búsqueda de desayuno. «Abre las bolsa de chilorio que queda, espero que alcance», dice Rosa, intentando mantener la calma.
Lo que tiene preocupadas a todas las voluntarias es el motivo de la insuficiencia de alimentos en el comedor: el nuevo gobierno desapareció el Programa Comedores Comunitarios. Muchos comedores en los estados del país ya cerraron sus puertas, y de no conseguir una solución, es probable que en un par de semanas el comedor comunitario número 09-0001 en El Ébano, Cuajimalpa, donde Rosa es vocal de alimentación y voluntaria, también desaparezca.
«En diciembre nos trajeron mucho abasto, pensamos que era buena señal, pero ahora nos damos cuenta de que era porque no querían nada en bodegas», comenta Eva Romero, vocal de alimentación del comedor 09-0002 en Loma del Padre, Cuajimalpa.
The Huffington Post publicó en su sitio web que cuando los encargados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) avisaron en enero que los comedores desaparecerían, le dijeron a Eva que desde ya podía cerrar. Pasado un mes ella quitó los letreros publicitarios de la extinta Secretaría, que antes vestían las paredes y anunciaban que ahí era un comedor comunitario. Desde enero, su comedor, como los otros 5,541 comedores comunitarios en el país a cargo de Sedesol, ya no reciben recursos. El Programa Comedores Comunitarios desapareció en el presupuesto de 2019.
El programa inició en 2013, como parte del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), liderado por Rosario Robles, acusada por el desvío de 700 millones de pesos en contratos con universidades y subcontratistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El objetivo de los comedores comunitarios era proporcionar dos comidas diarias a personas vulnerables en Zonas de Atención Prioritaria Rurales y Urbanas, y que las encargadas de administrar y preparar los alimentos fueran voluntarias miembros de la comunidad, que también se beneficiarían del programa. No hay un sueldo formal para ellas, pero ellas y sus familias pueden alimentarse en el comedor.
El sustento de los comedores fue planeado para que Sedesol instalara y equipara los comedores y proveyera los alimentos no perecederos, y que a través de una cuota de recuperación, que va desde 3 pesos hasta 10 pesos por comida servida, las voluntarias pagaran servicios, compraran alimentos perecederos y otras cosas que se fueran necesitando. Sin un sueldo formal para las voluntarias, la cuota también servía para darles una ayuda de 60 pesos diarios cuando era posible.
Desde 2016, Sedesol firmó un convenio de colaboración con Diconsa, S.A. de C.V., para que esta última se encargara de la compra y repartición de los materiales y del abasto alimenticio. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su última auditoria de 2017 que Sedesol falló al no hacer un estudio de mercado para determinar que el convenio con Diconsa era la mejor opción en términos de precios y calidad de las compras.
Población afectada
La última auditoría de las Cuentas Públicas de 2017 indica que ese año hubo probables daños al erario público por 122 millones 934 mil 585.78 pesos a través del programa. «La Sedesol no acreditó que los recursos del Programa Comedores Comunitarios se hayan aplicado con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los cuales se destinaron, ni demostró que se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento y oportunidad», concluye la ASF.
Las consecuencias del mal manejo de los comedores las viven las voluntarias y la población que ellas siguen alimentando a pesar de que el programa ya no existe formalmente.
Hasta abril de 2018, Sedesol registró más de 500 mil 000 beneficiarios del programa en el país, considerados como población vulnerable y para quienes los comedores comunitarios eran su única fuente de alimentación con el desayuno y/o la comida diaria. Los comedores estaban diseñados para atender entre 109 y 120 beneficiarios cada uno, aunque frecuentemente se superaba esta cifra.
«Aquí hay muchísimos niñitos y venían todos en la mañana por su leche, hot cakes y fruta. Y luego en la tarde vienen otros niños, que comen y se van a la escuela. La mitad del padrón en esta zona son niños. Incluso hay niños que vienen sin su mamá, y llegan con sus 10 pesos o sus 5 pesos o a veces con nada. Y se les da igual de desayunar o comer. Entonces, los afectados van a ser todos esos niños”, dice Rosita Morales, líder del comedor 09-0004 en Valle de las Luces, Iztapalapa, ubicado en su casa.
Mientras Rosita accede a la entrevista en el portal de su casa, cuatro de sus cinco hijos juegan en el patio y la mayor pone la lavadora. Además, Rosita espera un hijo más. Va en su octavo mes de embarazo y sigue a cargo del comedor.
Administradoras del recurso
Si algo caracteriza a las voluntarias es su capacidad de administración, tanto de los alimentos recibidos de Diconsa, como de la cuota de recuperación, que no siempre se cobraba y tampoco alcanzaba para todo. Ellas terminaban por no cobrar en muchos casos, cuando sabían que las personas pasaban dificultades, que no tenían trabajo, tenían alguna discapacidad o eran niños sin adultos.
«¿Alcanza la cuota de recuperación? No, la mayoría de los meses yo ponía, pero no lo veía como que ponía, porque igual mis hijos tienen qué comer», dice Rosita.
El comedor de Iztapalapa, a cargo de Rosita, recibía 130 personas diarias, pero no todas pagaban. El monto recolectado variaba entre 400 y 800 pesos diarios.
«Diario gasto como 600 pesos en verduras y abasto que no nos dan. Lo que sobra lo vamos guardando para el gas. Uso este tanque, cuesta 600 pesos cada 20 días. Además del agua, que es de pipa y por la zona debería de ser gratis, pero si no se paga algo a los operadores, nos dejan sin agua», desglosa Rosita los números en su cabeza.
Según el convenio entre Sedesol y Diconsa, esta última es responsable de equipar los comedores comunitarios cuando abren por primera vez con hornillas, mesas, platos, cubiertos, ollas y demás materiales necesarios, por hasta 150 mil pesos. Sólo si hay recursos disponibles, Diconsa puede volver a dar equipo, si este cumplió su vida útil, por siniestro o eventualidad.
Tanto Rosa, del comedor El Ébano, en Cuajimalpa, como Epifanía, voluntaria en el comedor 09-0003, ubicado en Milpa Alta, Ciudad de México, tuvieron que hacer uso de sus propios recursos para obtener platos, hornillas y ollas nuevas. Incluso el refrigerador que está en el comedor de Milpa Alta es propiedad de Epifanía.
Eso sí, no faltan los mandiles y gorras con las leyendas de Sedesol «Sano, variado y suficiente. Un apoyo que ayuda a la gente». Lo que nunca vieron las voluntarias fueron filipinas de chef, camisas, cubre bocas y demás vestimenta publicitaria en los que la Sedesol gastó 51 millones 18 mil 665.42 pesos y no pudo probar haber entregado, según la ASF. Con ese dinero, 850 comedores pudieron haber recibido un abasto correspondiente a 60 mil pesos.
«Mensualmente Diconsa abastece una parte importante de los productos no perecederos, que se complementan con productos perecederos que se abastecen localmente», según publicidad del programa en 2017. Pero para conseguir esos productos perecederos también existen reglas, que prohíben a las voluntarias hacer trueque o compras que no satisfagan los estándares de Sedesol.
Cuando Rosa Salazar vio que no alcanzaba con la cuota de recuperación para comprar frutas, verduras y demás alimentos perecederos, buscó hacer un trato con un supermercado Chedraui en Cuajimalpa, cercano al comedor; Rosa le compraría a menor precio la merma del día, productos que pueden comerse pero que no cumplen los estándares de calidad de la empresa y terminan en la basura. Sedesol se negó.
«Imagínate que algo los enferme, no queremos ver al siguiente día los titulares de ‘Sedesol enferma a la gente'», le dijo el representante de Sedesol a Eva, del otro comedor en Cuajimalpa, quien también planeaba un trato con Chedraui.
Abasto insuficiente
Ya desde el año pasado el abasto comenzó a recortarse, a pesar de que en 2018 el presupuesto del programa fue mayor que en 2017. Pasó de 3 mil 59 millones 256 mil 370 pesos a 3 mil 205 millones 757 mil 494 pesos. Todavía no hay auditoría para el gasto de 2018.
Diconsa se encargaba de abastecer los comedores en especie por un valor de «hasta 61 mil pesos cada mes», según el convenio de colaboración entre las dependencias. Ya desde un inicio, esta cifra, repetida 12 meses en los 5 mil 442 comedores, superaba en mil millones de pesos el presupuesto total del programa.
«Hasta», es la palabra clave. La realidad es que el abasto que desde el año pasado empezaron a recibir queda lejos de esa cantidad. En los recibos de entrega de abasto de 2017 obtenidos para esta investigación se pueden contar alrededor de 50 productos, pero en un recibo de diciembre de 2018 la cantidad ya había bajado a poco más de la mitad.
«Imagínate que al principio nos llegaba un abasto de 55 mil o 60 mil pesos. ¿Tú crees que esto, ahora, es de ese dinero?», dice, indignada, Rosa, del comedor El Ébano, en Cuajimalpa, que en enero habría cumplido cuatro años de existir.
A Rosita, del comedor de Iztapalapa, le dijeron que «el recorte era por las elecciones. Que el presupuesto se había reducido más de la mitad en abasto. Ya no trajeron ni lenteja ni maíz. Quitaron 30 productos más o menos». Ajo, guisados como alambre y albóndigas, atún, atole, barbacoa; enumera de memoria lo que desde 2018 ya no llega a su cocina.
Fueran 50 o 25 productos, las voluntarias coinciden en que el abasto, cuando llegaba, nunca alcanzó para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
«En 2017 fue la mayor parte del robo, traían recibos de abasto que querían que firmara en blanco o luego me decían que yo dijera que había granizado y se había echado a perder el abasto. Yo me negué», revela Rosa.
También la ASF lo apunta en su última auditoría, muchas veces el alimento no llegaba a sus destinatarias: «La Dirección General de Participación Social (DGPS) no demostró cómo se determinan los montos cubiertos, ni que los montos de los apoyos garantizan una alimentación suficiente y de calidad a los beneficiarios que son atendidos en cada comedor».
Una de las promesas del Programa Comedores Comunitarios era ofrecer a la población una dieta balanceada, por medio de menús planificados en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición.
Sin embargo, la propia ASF observó que en 2017 Sedesol aumentó a 110 los alimentos que Diconsa debería comprar, pero no probó que estos cubrían las necesidades nutrimentales, ni que fueran adecuados a «los gustos, costumbres y cultura de los beneficiarios con el fin de garantizar una alimentación y nutrición de calidad a la población que asiste a los Comedores Comunitarios». No se sabe si 61 de esos alimentos cumplían con una Norma Oficial Mexicana ni con condiciones y requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
«Ellos mandan lo que quieren, ni nos preguntan. Es lo malo. Luego nos mandan cosas que ni están buenas, nos mandan sopa de zanahoria o de poro toda fea, que ni les gusta», dice Epifanía, mientras muestra una bolsa rellena de una cosa verde y viscosa con una etiqueta que promete ser sopa de poro y papa.
Carne de soya machacada hasta hacerse polvo y combinada con poquita carne de res, huevo en polvo revuelto con longaniza, pollo deshebrado lavado de su salsa original para hacer tortitas en salsa guajillo, albóndigas de bolsa combinadas con albóndigas hechas a mano: las voluntarias revelan sus secretos para hacer que la gente coma cosas que por sí solas no saben bien o a las que no está acostumbrada.
Dentro de los errores que tuvo Sedesol en el programa está no haber cuidado el origen de los alimentos comprados por Diconsa. De 11 proveedores analizados por la ASF, sólo 2 eran fabricantes directos y 9 eran comercializadoras. Las cuentas entre Sedesol y Diconsa tampoco cuadran. «En los precios de venta de los 13 productos revisados, existen variaciones entre el 11.9% y el 79.1% en relación con los costos de los productos otorgados por los proveedores a Diconsa, S.A. de C.V., y sin que esta última demostrara que estas diferencias corresponden a los costos directos e indirectos», según la ASF, que también nombró responsable a Diconsa.
Asistencialismo en su máxima expresión
A pesar de todo, para los beneficiarios y las voluntarias la cancelación de los comedores sí representa un problema. «Nos va a afectar mucho que lo cierren, porque sí es una gran ayuda, es muy barato y hay comedores comunitarios que dan muy buen servicio», dice Ana Lucía, beneficiaria del comedor en Milpa Alta, mientras come acompañada de su hija. Asegura que aún teniendo el recurso directo por parte del gobierno, por 10 pesos no podría comer o desayunar en ningún sitio.
«No sabemos qué va a pasar con ustedes», le dijeron los representantes de Sedesol a Rosita. Pero ella, las vocales de alimentación y voluntarias de otros comedores siguen luchando contra la incertidumbre. Ya es finales de febrero, desde enero que no tienen abasto de Diconsa y ellas siguen abriendo. Intentan mantener la cuota de 10 pesos, pero a veces cobran 13 o 15 pesos. Cada día que abren es un día ganado al cierre del programa.
Ni los antiguos responsables de Sedesol ni de la nueva Secretaría de Bienestar han querido contestar a la solicitud de entrevista de este medio.
Juan Campos, coordinador estatal para la Ciudad de México de la antigua Sedesol y actual funcionario de la Secretaría de Bienestar, bloqueó los mensajes enviados para solicitar una entrevista para este reportaje. Según explican las voluntarias, el servidor público no les ha dado una solución ni entregado una hoja de cierre definitivo del programa.
La nueva Secretaría de Bienestar no ha respondido a la solicitud de entrevista por estar en «gira de trabajo y no tener espacios para agendar entrevistas», según informó Hugo Rosell, responsable de comunicación. Ante las distintas observaciones de la ASF, la Secretaría respondió en la misma auditoría que no le tocaba subsanar nada, ya que el programa no está contemplado para 2019. (CLAUDIA OCARANZA/PODER/THE HUFFINGTON POST)
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