OPINIÓN

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14 febrero, 2019

Arrancando la semana, Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, lanzó la alerta: advierten señales en otras ciudades de que pudiera presentarse un conflicto similar al que se vivió en Matamoros, Tamaulipas, y mencionó Piedras Negras entre las plazas en que ven riesgo.

En Matamoros ya se dieron los primeros despidos, nada menos que de mil 500 operarios, y no se descarta que en los siguientes meses siga el cierre de maquiladoras, pues cumplir con la exigencia de un bono extraordinario de 32 mil pesos por cada trabajador y un incremento salarial del 20 por ciento les vuelve incosteable la operación.

El ya etiquetado como «32-20» se ha extendido preocupantemente a otros ámbitos empresariales, y por ejemplo en Soriana y la embotelladora ARCA, ya enfrentan demandas similares.

Aguirre Lang no duda en señalar que el conflicto es alentado por la abogada Susana Prieto, y explica que su objetivo es precisamente propiciar los despidos, pues ella se queda con el 30% de las indemnizaciones de cada trabajador.

Prieto es conocida en Coahuila, pues ya tuvo presencia en la región Centro, cuando en 2016 «asesoró» a los trabajadores de Technotrim, inquietos por el cambio de razón social de la empresa.

Desde hace años la estabilidad laboral ha sido una ventaja competitiva para Coahuila en la atracción de inversión privada, principalmente la extranjera, y debe ser una prioridad mantener esas condiciones, en cualquier parte de la entidad, y principalemente en Piedras Negras que hoy afronta circunstancias difíciles, por la presencia de cientos de migrantes y los amagos de la delincuencia organizada por establecerse nuevamente en la región.

Autoridades y empresarios se han mantenido atentos a la situación, y según se sabe en las próximas semanas se formalizará un acuerdo o pacto laboral, con el propósito de hacer un frente común que cierre el paso a cualquier intento desestabilizador.

Esperemos que en el gremio laboral haya igualmente una actitud de madurez y prudencia para no caer en la tentación de exigir condiciones que no son factibles, y terminen por provocar el cierre de empresas.

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A no pocos saltillenses ha sorprendido ver llegar a media tarde al alcalde Manolo Jiménez a su oficina en la Presidencia Municipal, pues en lugar de utilizar la cochera privada que construyó su antecesor, opta por estacionarse en la vía pública y camina hasta el acceso, a veces incluso acompañado por uno de sus hijos.

Cuando además de dar resultados hay sencillez, se genera sin mayor problema empatía con los ciudadanos y los funcionarios pueden caminar por la vía pública sin todo un aparato de seguridad.

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En la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila además del cambio de dirigencia hay un significativo cambio de actitud.

Al asumir como Presidente, María Eugenia Villarreal Abusaíd, quien sustituye a Jorge Kalionchiz, reconoció el martes que al desaparecer a nivel federal el Consejo de Promoción Turística y dejarse sin recursos a los Pueblos Mágicos, se tendrán menos fondos disponibles, pero antes de entrar en lamentos y quejas aseveró que trabajarán con lo que se tenga.

Y más aún, destacó las fortalezas que tiene Coahuila y que apuntalarán la promoción turística con buenas expectativas.

Sí, es cierto, se requieren voces críticas en los organismos ciudadanos y cúpulas empresariales, pero no posturas intransigentes o convenencieras, por eso es destacable la actitud de Villarreal Abusaíd, quien entiende lo que les corresponde hacer para favorecer a su sector y al dinamismo económico de la entidad.

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Inevitable referirnos a la nueva puntada de Andrés Manuel López Obrador que no tardará en convertir en reforma legal. Ahora ha decidido que se extienda la prohibición a diez años para que ex servidores públicos trabajen en empresas del sector privado relacionadas con el cargo que ocuparon.

Cualquier acción encaminada a combatir la corrupción es plausible, pero tiene que ser bien estructurada. En este caso se ha limitado a acusar que hay un conflicto de intereses en el caso de los ex funcionarios, ex presidentes incluidos, que trabajan ahora en empresas del sector energético, pero no han investigado ni aportado pruebas de que se haya favorecido de alguna manera ilegal a esas compañías.

El presidente del «pueblo bueno y honrado» parte de la premisa de que empresarios y servidores públicos son corruptos y hay que evitar se relacionen profesionalmente, aunque se vulneren derechos constitucionales.

En su lógica chabacana entonces ningún funcionario del sector educativo podría regresar a dar clases, pues qué tal si desde el cargo favoreció a alguna escuela o Universidad para conseguir empleo; ni nadie del sector Salud debería trabajar después en un hospital; o sus consentidos choferes de pipas, a los que dice pagará 38 mil pesos al mes, no podrían trabajar en estaciones de servicio o empresas afines.

Una auténtica transformación implicaría estructurar rigurosamente medidas de control y supervisión al desempeño público, y revisar la reglamentación del servicio civil de carrera, pues no se puede aspirar a tener profesionales en los cargos de gobierno reduciendo sueldos, eliminando prestaciones y ahora coartando la posibilidad de incorporarse al sector privado al concluir una gestión.

Con esas reglas, que los diputados sin dificultad le aprobarán, seguiremos con un gobierno de todólogos, en que se irán premiando méritos políticos y complicidades, como se ha usado, y las grandes decisiones quedarán no en manos de los más capaces, sino de los que tengan habilidad para acercarse y mantenerse cerca del poder, pues para los profesionales ya no será atractivo el servicio público con tales restricciones al futuro personal y laboral.