JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BARRIOS
Cuentan que el 31 de diciembre de 1999, para concluir el proceso de entrega-recepción, el entonces alcalde saliente de Torreón, Jorge Zermeño Infante, al entregar las llaves del despacho presidencial a su sucesor Salomón Juan Marcos Issa, le habría aconsejado: “No cometas el mismo error que yo; fíjate en quiénes pones de colaboradores”.
Veinte años después, Zermeño Infante, en lugar de corregirlos, duplica los errores cometidos. Si su trienio 1997-1999 es considerado uno de los mejores gobiernos que ha tenido Torreón, no significa que no tuvo colaboradores de cuyo nombramiento se arrepintió. Sin embargo, en esta ocasión tiene verdaderos pillos disfrazados de servidores públicos que llegaron a la administración para engordar sus bolsillos a través de las más variadas formas de ilegalidades y que mientras estén ahí irremediablemente harán quedar mal al gobierno zermeñista.
Entre la militancia panista circula la galería de funcionarios a los que involucró en sus denuncias públicas la ex directora de Desarrollo Económico, Andrea Salmón Torres, quien prefirió dejar el puesto que ser parte de las irregularidades y corruptelas del equipo de Jorge Zermeño. A estas alturas son excepción aquellos directores y jefes de departamento que pueden considerarse honestos y que efectivamente también los hay.
Desfilan en dicha galería Carlos de Lara, jefe de Plazas y Mercados; Guillermo Galván, de la Ventanilla Universal; Rolando Anaya, de Inspección y Verificación; Hernán Sirgo, tesorero; Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad, entre otros, pero en lo más alto de la pirámide de corrupción, el director de Servicios Administrativos, Antonio Loera López. Las acusaciones son de lo más heterogéneo, pero tienen en común el cobro de moches o exigencia de dádivas para autorizar o agilizar trámites y permisos para trabajar en el Ayuntamiento, para los vendedores fijos y semifijos o para laborar fuera de horario en el caso de bares y cantinas.
Aunque no son señalados, también en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo se dan casos de falsificación o clonación de documentos, irregularidades que no soportarían una auditoría.
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