Ciudad de México.- Ni los vagones exclusivos para mujeres, ni los 5 módulos de atención, ni siquiera las cámaras de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, han logrado detectar a los presuntos responsables de los intentos de privación ilegal de mujeres.
Cimac Noticias dio a conocer en su sitio web que ante las denuncias de mujeres que acusan intentos de secuestro o desaparición, el pasado 31 de enero la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, la secretaria de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez y el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta, realizaron un recorrido por este transporte.
Sin embargo, no han detallado las acciones a seguir ni las herramientas de investigación que activaron para detener los intentos de desaparición de mujeres.
El viernes 1 de febrero, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informaron que se colocarían 5 Ministerios Públicos móviles para atender los intentos de privaciones de libertad de mujeres en el Metro.
Así, el Gobierno capitalino creó más centros de atención en las estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa. Éstos se suman a los módulos de atención para mujeres víctimas de acoso sexual que ya están en las estaciones Balderas, Pantitlán, Mixcoac, Hidalgo y Pino Suarez.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició la campaña “Dame la mano» para que las mujeres en riesgo se acerquen a los policías que porten una cinta morada en la muñeca.
Pese a que un estudio realizado por la Cepal en 2015, señaló que la CDMX es uno de los lugares donde se han realizado más trabajos de análisis e investigación sobre las conductas de abuso y acoso sexual en el transporte público, las acciones de seguridad y protección se basan en las propuestas que las mujeres crean entre ellas. Por ejemplo, después de una movilización realizada el 24 de abril de 2016 contra el acoso sexual, el gobierno capitalino puso en marcha la “Estrategia 30-100”, cuya principal acción fue entregar silbatos.
En ella también se anunció la incorporación de mil 439 elementos de seguridad en 524 operativos de vigilancia y la separación para la movilidad segura de mujeres y niñas en 198 estaciones de Metro.
Posteriormente, en 2018 el Metro hizo una encuesta sobre la percepción de la calidad del servicio con perspectiva de género, Derechos Humanos y no discriminación, allí se encontró que 59 por ciento de las mujeres dijeron que se sentirían más seguras si hubiera más presencia de policías.
Con todo y estas estrategias del acoso la violencia escaló a los intentos de secuestro o desaparición. En 2017, según un informe del entonces Instituto de las Mujeres de la capital, indicó que el tipo de agresiones contra las mujeres en este transporte eran miradas lascivas, eyaculación sobre la persona, besos forzados y tocamientos; un año después las mujeres denuncian que son interceptadas por hombres que intentan llevárselas por la fuerza.
Ante estos hechos, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México incurrió en prácticas contrarias a los derechos de las víctimas que denunciaron: filtró datos de las carpetas de investigación y las revictimizó.
Hasta hoy Zúe Valenzuela, Estela Tagle y Siomara, las 3 víctimas, consideran que las autoridades han estado a la defensiva y no quieren reconocer que están intentando privar de la libertad a las mujeres que viven o transitan en la capital a pesar de las evidencias que ellas han proporcionado.
Valenzuela y Siomara aseguran que decidieron hacer públicos sus casos para evitar que se repitieran y tener justicia, posteriormente presentaron la denuncia pero por seguridad no detallaron a los medios de comunicación su número de carpeta de investigación, edad, ocupación y sobre todo, la descripción de sus agresores pues temen que ellos, al estar en libertad, tengan los datos de las denunciantes y tomen represalias.
Entre la información que ha dado a conocer la Procuraduría es que detuvieron a una persona por tratar de privar a la libertad a una mujer y el pasado 7 de febrero detuvieron a dos hombres más que trataron de extorsionar a otra usuaria del transporte. En tanto, las víctimas de estas agresiones no se sienten seguras por la filtración de sus datos, la revictimización y porque las autoridades no les han garantizado seguridad. (CIMAC NOTICIAS)
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