JOSÉ VEGA BAUTISTA
A dos meses de haber iniciado el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador más de seis millones de personas de la tercera edad han recibido el apoyo de la pensión universal en todo el país.
De esta manera se prevé que, para finales del presente mes, el beneficio social (que consiste en recibir 2 mil 550 pesos cada dos meses vía tarjeta bancaria personalizada, alcance a los ocho millones y medio de personas mayores de 68 años de edad que viven en México y tienen derecho a la pensión.
Lo anterior fue informado por la subsecretaria del bienestar, Ariadna Montiel Reyes, este jueves en palacio nacional al presentarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) como la vía para hacer llegar los apoyos sociales a las personas de la tercera edad y al resto de los beneficiarios de los diversos programas de apoyo desplegados por el Gobierno de la República. (Excélsior)
Por otra parte, el Gobierno de México ha dicho que la educación es un derecho y que garantiza que sea “inclusiva, equitativa y de calidad”. Leticia Animas, coordinadora del Programa Becas Bienestar, al hacer la Presentación del programa en Iguala, Guerrero, también especificó que serán beneficiados 6.7 millones de alumnos en educación inicial y básica, y 4.1 millones en educación media superior. También mencionó que se darán 30 mil becas a educación superior del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro así como becas de manutención, servicio social, movilidad nacional e internacional y apoyo de titulación para jóvenes universitarios: “1 de 3 inscritos alumnos en el sistema educativo en el país tendrá un beca”. (Reporte Indigo)
En resumen, en Becas Bienestar se entregarán:
- 6.7 millones para educación inicial y básica
- 4.1 millones para educación media y superior
- 300 mil para educación superior.
Mi Maestro, Daniel Acosta Esparza, me enseñó que la administración pública se define fundamentalmente por su carácter práctico; esto es, el conocer es hacer, o expresado en otros términos: el axioma del administrador público se sintetiza en la ecuación objetivo=resultados, lo que implica:
1) La vinculación inseparable del conocimiento científico y posición política.
2) La necesidad de que lo científico fundamente lo político.
3) El proyecto político de democratizar la administración pública a la par democratizar el sistema político, de tal forma que, la democracia política se convierta en un medio para lograr la igualdad o democracia económica.
Este proyecto político de la administración pública es imposible si no se fundamenta en el conocimiento científico de la realidad social, a través de una crítica sistemática de la racionalidad política, de tal forma que el administrador no degenere en el desempeño de simple “mandarín” de las clases dominantes, sino que se convierta en un agente activo que, con el quehacer de su oficio, abra los espacios políticos a la democratización de los procesos públicos.
La crítica de la racionalidad política a la que se hace referencia implica la aplicación de una investigación en las fases siguientes:
1.- Crítica a los objetivos.
Esta se da respecto al contenido de los mismos, y los valores e intereses que lo sustentan, así como en la viabilidad histórica de los objetivos propuestos, a partir del conocimiento científico de las condiciones históricas en que se plantean y en las que se proponen materializarse.
2.- Crítica del costo técnico económico.
Esto es, la captación científica de las situaciones vinculadas con el logro del objetivo en función de la selección del conjunto de medios desplegados en su consecución, lo que da como resultado una crítica de la adecuación de los medios a los fines en su aspecto técnico-económico.
3.- Crítica del costo político social.
Este se vincula con las consecuencias y resultados colaterales de la aplicación de cierto tipo de medios respecto a su impacto político social.
4.- Crítica del costo ideológico.
Las consecuencias de seleccionar un objetivo en contraposición a otros implican ponderar los valores e intereses que lo sustentan prioritaria y preferentemente respecto a los que se rechazan, lo que implica que las consecuencias de esta selección contienen el costo ideológico de la acción del Estado y de la administración pública.
5.- Crítica a la coherencia interna.
Puede visualizarse en dos momentos: la crítica a la relación medios-fines, en tanto que los primeros no son neutrales técnicamente, sino que su contenido político queda definido por los fines a los que se orientan; por lo que este primer grado de coherencia presupone una prefiguración de los fines en los medios. La segunda crítica se relaciona con la coherencia entre los valores e ideales y afirma el Estado como sustento, los objetivos que se propone y los resultados reales que obtiene como gobierno y administración pública.
Es precisamente en este proceso de crítica a la racionalidad política donde el administrador público debe abrir los espacios políticos a la participación democrática, de tal modo que ésta se convierta en un medio para lograr la igualdad o la democracia económica. Y es bajo esta óptica que debemos evaluar el desempeño del gobierno y su aparato burocrático.
josevega@nuestrarevista.com.mx
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