Dueños del CIMARI acusan al Obispo de mentir

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30 enero, 2019

Por sus afirmaciones de que a los trabajadores del CIMARI de General Cepeda se les inyecte alguna sustancia para ingresar a trabajar a la planta, o que “cuando salen, se les desbaratan los trajes que les ponen”; o que alguno de los trabajadores de esta empresa haya sido hospitalizado a causa de las labores que aquí desarrolla, los socios de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA), propietarios de este centro de manejo de residuos industriales, emitieron éste miércoles un comunicado desmintiendo al Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y acusándolo además de hacer señalamientos falsos y dolosos; de obedecer a oscuros intereses, y de engañar y mal informar a la población de la zona rural sobre la operación de la empresa.

El comunicado dice: “Con relación a una serie de dichos difundidos por diversos medios de comunicación, que se atribuyen al Obispo de la Diócesis de Saltillo y que derivaron en un paro de las carreteras libres y de cuota entre Saltillo y Torreón este 30 de enero y pérdidas millonarias, la empresa SEMNSA puntualiza: Es falso y por demás doloso el señalamiento de que a los trabajadores se les inyecte alguna sustancia para ingresar a trabajar a la planta, o que “cuando salen, se les desbaratan los trajes que les ponen”.

Igualmente de falso es que alguno de los trabajadores de esta empresa haya sido hospitalizado a causa de las labores que aquí desarrolla.

La empresa SEMNSA niega categóricamente que como parte de sus procesos se lleven a cabo prácticas que vayan en contra de la salud de los trabajadores.

Carente de toda veracidad es además que no se lleve a cabo ningún tipo de inspección. Están documentadas, tanto por la empresa como por las autoridades en la materia, las inspecciones que de forma regular se llevan a cabo para verificar el cabal cumplimento de la ley en la operación de la planta.

Es importante señalar –reza el comunicado- qué hay una serie de actores que bajo oscuros intereses y de acuerdo a algunos indicios, mal informan y engañan a la población de la zona rural sobre la operación de la empresa, además de que presuntamente distribuyen dinero para alentarlos a participar en acciones delictivas como el cierre de vías de comunicación”. (EL HERALDO)