México cae en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018
Berlín/Ciudad de México.- México cayó tres lugares más en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global. México, la decimoquinta economía del mundo, sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica.
En la región, México presenta también resultados poco halagüeños: Chile, por ejemplo, lo aventaja por 111 lugares; y Argentina, otro estado federado como México, por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.
Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México, identifica que el grueso de las medidas adoptadas por este país son de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.
En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política. “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, señaló Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.
La falta de sanciones por corrupción es lamentable. En materia penal, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 2013 y 2016, sólo 2.9% de las acciones penales terminaron en condena. Por lo que toca al cohecho internacional, Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999. Desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha sido sancionada.
El marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad. A tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional como sistema. Siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos. El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales.
México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales.
La exigencia social contra la corrupción ha ido creciendo. Además de las movilizaciones cívicas de 2016 que condujeron a un conjunto de reformas anticorrupción, la sociedad mexicana se manifestó también a través de las urnas en la elección de 2018. El nuevo Ejecutivo Federal ha asumido el compromiso para reducir significativamente los niveles de corrupción y mejorar la ubicación de México en los índices que miden este fenómeno a nivel internacional.
Si se busca alcanzar esta meta, la política anticorrupción en México tiene que cambiar. El reto es mayúsculo, pues queda claro que el grueso de las medidas preventivas de la última década han funcionado de manera parcial y que en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos los resultados son prácticamente nulos.
México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos.
Recomendaciones para México
-Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados.
-Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos.
-Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno.
-Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.
(TRANSPARENCIA MEXICANA)
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