OPINIÓN

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25 enero, 2019

De niño te sugieren: «cuida de no pelearte con el dueño de las canicas…»; en el barrio recomiendan «si te vas a pelear ponte del lado del que tiene las piedras…» expresiones de la filosofía popular que plasman con pragmatismo lo que grandes pensadores han sugerido a lo largo de la historia a príncipes, generales, gobernantes o simples mortales: anteponer la estrategia a la pasión o a la víscera. Actuar con la cabeza y no con el corazón.

Y es justo eso lo que está haciendo Miguel Ángel Riquelme, siguiendo una ruta que parece no complacer a muchos que quisieran verlo en una actitud beligerante y de abierta confrontación con el gobierno federal antes que apostarle a construir posibilidades de entendimiento para lograr resultados.

Riquelme ha calculado bien el desgaste que representaría confrontarse con un Presidente que va arrancando su sexenio, que tiene un capital político sin precedente, controla al Legislativo, domina la agenda mediática y, principalmente, dispone sobre el presupuesto federal.

En concreto: hoy López Obrador es el dueño de las canicas.

Coahuila está en una dinámica de crecimiento en que la población aspira a alcanzar las mejores condiciones para vivir y trabajar, donde los gobiernos cumplan con su función de brindar los servicios, proveer la infraestructura y garantizar la seguridad, sin llevarnos a competencias y pugnas por un cálculo electorero.

Así, cuando el PRI estatal ya se decía listo para ir contra el burdo manejo que de los programas sociales se estuvo haciendo por ejemplo en Monclova por parte de MORENA, desde Palacio les corrigieron la plana, y el asunto no se llevó a la tribuna del Congreso.

No vieron caso en abrir un frente cuando la capacidad de Rigo Fuentes no da para esa batalla –ni para ninguna otra–, y al final del día, y con la presión mediática, desde México ordenaron que se dejara de hacer el empadronamiento para los programas en las oficinas de la diputada Melba Farías.

Riquelme además de apostarle a la cautela y prudencia, ha sido cuidadoso de las formas y en todo evento le abre espacio y da su lugar al representante del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, o a los legisladores de MORENA.

Los actores locales no le pagan al gobernador con la misma moneda. Por ejemplo si Reyes Flores va a un evento organizado por el gobierno de Coahuila, su presencia es destacada en los boletines estatales, pero a la par, o incluso antes, llegan los de su oficina, omitiendo en textos y fotos la participación de Riquelme y sus funcionarios.

Aún más, personajes como Armando Guadiana Tijerina no dudan en meter ruido en todo tema posible, sobre todo en aquéllos donde el Senador además de los intereses políticos tiene también económicos, como la comercialización del carbón.

Guadiana manipuló a los dirigentes de las Uniones de productores de carbón, uno de los cuales, Oscar Luis Fuentes Yañez, incluso trabaja para su familia, para que con un desplegado en diarios de la Ciudad de México presionaran para restablecer los contratos con la Comisión Federal de Electricidad.

A las pocas semanas de que López Obrador anunciara, en julio del año pasado, que Manuel Bartlett Díaz asumiría la dirección de la CFE, algunos elementos que se incorporarían a su equipo cercano iniciaron la relación con colaboradores de Riquelme, y desde diciembre estuvieron revisando en conjunto el esquema de compras del carbón.

Con las negociaciones avanzadas el desplegado desconcertó, y más cuando se supo que atrás estaba Guadiana. En principio no entendían que un Senador optara por esa ruta y no por la gestión en la mesa.

Con el paso de los días fueron entendiendo que a los Guadiana, como a muchos otros que hacen negocio en el privilegiado rol de intermediarios entre productores y CFE, no les conviene que se llegue a un nuevo acuerdo bajo el esquema que impulsan los gobiernos federal y estatal, aspirando a una solución en que a la certidumbre en la comercialización se le sume el ingrediente de justicia social, es decir que la mejoría en las condiciones llegue realmente a quienes viven de la pequeña y mediana minería.

El tema es complejo, con demasiadas aristas y un mar de corrupción equiparable al que se está poniendo en evidencia en gasolina y diesel. Y en el ajo están metidos desde políticos que, sin tener un gramo de carbón ni explotación minera de ningún tipo, acaparan los códigos que emite la CFE para autorizar las compras, hasta empleados de la Comisión que deben cuidar la calidad del energético que se recibe para las termoeléctricas, y ponen cuota de tres mil pesos por aceptar cada camión, así les entreguen tierra vegetal.

El gobernador ve en la decisión de López Obrador de privilegiar el combate a la corrupción y la construcción de justicia social, la coyuntura para impulsar nuevos esquemas que representen un cambio de fondo para beneficio de la pequeña y mediana minería.

No es fácil, pero todo esfuerzo vale. En su momento, como gobernador, a Enrique Martínez y Martínez le tocó ser intermediario para que se restablecieran los contratos de compra, tras una suspensión que se había prolongado por meses generando una situación desesperada en la economía regional, al grado que los productores optaron por el cierre de carreteras.

Martínez fue a Nueva Rosita y a los productores y transportistas en plantón los convenció de regresar a los cauces legales de negociación. Luego jugó con audacia otra carta, y durante la inauguración de una planta generadora de energía eléctrica en Ramos Arizpe, en donde se hizo un enlace público con Vicente Fox, le planteó el tema de los carboneros y ahí mismo abrió el espacio para que uno de los dirigentes, Urbano Riojas Guajardo, le explicara directamente la situación al Presidente.

Años después Humberto Moreira se trajo a los negociadores de la CFE a su despacho en Palacio de Gobierno, y tras una prolongada sesión que se atoraba por la poca disposición de los enviados federales, les emplazó: «de aquí no van a poder salir hasta que hayamos firmado». Y se firmó.

Riquelme, lo decíamos ha optado por la ruta del diálogo. Ha avanzado en el tema del carbón, un asunto que por su complejidad no se logra resolver del todo, pero así como ahí ha obtenido logros para los sectores involucrados que se traducirán pronto en una reanudación provisional de los contratos que vencieron en diciembre, para luego dar paso a un esquema de compras multianuales que ya no deje cada año un ciclo de 90 días en que se desprotege a los productores, así se espera que igual los consiga en los otros ámbitos en que está haciendo gestiones con el gobierno federal.