Huachicol: ofensiva gubernamental profundizó la crisis de seguridad
La ofensiva del gobierno del presidente López Obrador contra los ladrones de combustible cometió el mismo error del gobierno de Calderón Hinojosa al declararle la guerra a los cárteles del crimen organizado: carecer de seguridad estratégica y de información de inteligencia.
Calderón se fue sobre las cabezas de los cárteles y creó nuevos problemas con la diseminación de narcos en pequeñas bandas dedicadas al tráfico y a otros menesteres criminales. López Obrador operó sobre los ductos de distribución de combustibles para evitar el robo y en respuesta metió al país en sabotajes generalizados de las bandas huachicoleras.
La declaración el martes 22 del presidente López Obrador de que la red de distribución de combustible había sido saboteada –sin mencionar presuntos responsables– prendió los focos rojos de alarma porque entonces el problema ascendió de meros robos locales sin tener datos concretos de la existencia de un cártel o una Federación de huachicoleros a un asunto de seguridad nacional por el papel que juega las gasolinas en la estabilidad nacional.
Con la intención de tapar los hoyos del robo de combustible con tomas clandestinas en las redes de distribución de gasolina, el gobierno de López Obrador destapó muchos hoyos más sin tener ninguna estrategia de combate a las elites dirigentes del crimen organizado/desorganizado huachicolero.
Por lo pronto, cuando menos tres hoyos quedaron destapados:
1.- La respuesta de sabotaje implica ya una amenaza contra la seguridad nacional del Estado y convierte a los carteles y sus dirigentes en enemigos de la estabilidad. Por tanto, el gobierno lopezobradorista está obligado a una ofensiva de seguridad nacional con la utilización de las fuerzas armadas contra esas bandas criminales.
2.- La crisis en la estrategia de seguridad de López Obrador en dos puntos concretos: la tardanza y dificultades para aprobar la creación de la Guardia Nacional con efectivos militares y el borrado Cuarto Transitorio que permitía que las fuerzas armadas siguieran colaborando con las fuerzas de seguridad pública en tanto se profesionaliza la GN. Los dos objetivos deben ser alcanzados en el cortísimo plazo, pero van a tardar.
3.- La existencia probada de un nuevo modelo de delincuencia: la delincuencia social amparada en la pobreza y legalizada por la tesis del presidente de la república de que no combatirá a la sociedad que delinque por bajo nivel de vida. Lo malo, en el caso de los huachicoleros, radica en el hecho de que la sociedad ha delinquido no por pobreza, sino por forma parte de las redes de crimen organizado de las bandas de robo de combustibles.
La parte más delicada fue la revelación del presidente López Obrador de un sabotaje generalizado a las redes de distribución de combustible por tubos. Lo extraño fue que el día de los supuestos hechos no hubo ninguna señal conocida de ese sabotaje: ni fugas, ni balazos, ni movilizaciones de emergencia; nada. La preocupación en círculos de especialistas en seguridad nacional resaltó la posibilidad de que se hayan magnificado los temores sin que hubiera casos concretos de sabotaje.
La estrategia de seguridad desde la iniciativa de Guardia Nacional hasta la explosión en Tlahuelilpan evidenció una severísima crisis en la fase fundamental de la seguridad: el acopio de información de inteligencia. El nuevo organismo Centro Nacional de Inteligencia, paradójicamente, fue sacado como CISEN de Gobernación y con nuevo nombre se adjunto a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; al frete del CNI quedó el general retirado Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador.
Sin embargo, la ofensiva contra los huachicoleros, la vigilancia de ductos y la falta de control social sobre la sociedad aliada a las bandas de ladrones de combustibles y ahora el sabotaje general contra la red de distribución mostraron la inexistencia de un organismo de inteligencia y seguridad nacional. Y para colmo, el nuevo CNI ha regresado a los delegados del CISEN en el extranjero, a pesar de la declaración del nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero en el sentido de que la delincuencia huachicolera es transnacional.
A partir de los rezagos, contradicciones, efectos adversos, insuficiencias y vacíos en el robo de combustibles, la estrategia de inteligencia y seguridad pública/interior/nacional contra el huachicoleo debe ser replanteada inclusive antes de aprobar la Guardia o en su contexto. Los problemas en desbasto, sabotajes y tragedias fueron producto de la improvisación gubernamental.
Y queda como punto sensible la denuncia presidencial de un sabotaje a toda la red de distribución de combustible, porque revela ya la situación de guerra Estado-huachicoleros, aunque la crisis de inteligencia del aparato público todavía ignore la configuración de cártel del huachicol, sus redes políticas y sobre todo su alianza con la sociedad que ha robado con el beneplácito gubernamental por su condición de pobreza.
Política para dummies: La política es el ejercicio del poder para disminuir problemas, no multiplicarlos.
@carlosramirezh
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