El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que el Gobierno firmó contratos para adquirir 571 pipas con un costo de 85 millones de dólares.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que se realizó una misión a Estados Unidos para adquirir los vehículos que servirán para normalizar la distribución del combustible.
El Financiero publicó en su sitio web que la adquisición de las pipas, indicó, significará disponer a finales de marzo de 116 mil barriles para distribuir diariamente.
“Ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas”, dijo Obrador. La semana anterior, el presidente lanzó una convocatoria para contratar a 2 mil choferes de pipa que ganarán alrededor de 14 mil 500 pesos quincenales.
También señaló que el proceso de compra se hizo sin licitación alguna por que se requería actuar con prontitud debido a que se trata de una emergencia.
«Se toma la decisión en el marco de la Ley, cuando se trata de una emergencia se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera», dijo.
«Si se hubiese lanzado una licitación normal pues hubiésemos comprado las pipas, si nos iba bien, en tres meses. Es más, se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para darnos las pipas a partir de marzo y como ustedes comprenderán esto demanda de prontitud», detalló.
Dijo que los vehículos serán resguardados por la Secretaría de Defensa luego de que se realice la entrega. «La Secretaría de la Defensa organiza la distribución de los equipos y va a mantener vigilancia permanente», dijo Obrador.
En la conferencia de prensa matutina del presidente, intervino el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, quien señaló que de 2016 a 2019 el 80 por ciento de las tomas clandestinas de combustible se concentraron en siete entidades: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
Desde los primeros días de enero de este año se registró desbasto de combustibles, derivado del plan contra el robo de combustibles que emprendió el Gobierno federal, que consiste en un cambio en la logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el cierre de ductos y la distribución mediante auto-tanques y la vigilancia de los ductos por elementos del Ejército, Marina y Policía Federal. (EL FINANCIERO)
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