El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se desista de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra la causa penal que un juez del fuero común inició contra el ex Secretario General Adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales hacia las campañas políticas del PRI.
A través de un oficio entregado a la Oficialía de Partes de la Presidencia, el gobernador Corral solicitó al Primer Mandatario que se desista de la controversia constitucional 183/2018 presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre del 2018 por el entonces consejero Jurídico de Peña Nieto, Misha Leonel Granados Fernández.
De acuerdo a información publicada en el sitio web de Aristegui Noticias, con dicha impugnación, el gobierno del ex presidente Peña Nieto busca anular toda la investigación que la Fiscalía General de Chihuahua realizó contra Gutiérrez Gutiérrez y sus coacusados por el presunto desvío de recursos públicos, así como todas las resoluciones que se han dictado en el caso, con el alegato de que hubo una invasión de competencias por parte de las autoridades ministeriales, legislativas y judiciales de Chihuahua.
La solicitud indica que la controversia peñanietista trata de evitar que el ex Presidente Peña Nieto, y los ex secretarios de Estado que formaron parte de su gabinete, “puedan extender de manera indefinida el fuero constitucional” que los protegió hasta el pasado 1 de diciembre
En su petición formal, el gobierno de Chihuahua señala que la controversia presentada por el gobierno de Peña el 9 de octubre del 2018, así como la ampliación de la demanda promovida el 16 de octubre del mismo año, son recursos legales que resultan improcedentes, por lo que se pide a López Obrador “su instrucción” al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a fin de promover el desistimiento de la controversia constitucional 183/2018”, presentada por el ex presidente Enrique Peña Nieto dos meses antes de dejar el cargo.
La controversia presentada en el caso de Alejandro Gutiérrez también beneficia a sus dos coacusados, Antonio Enrique Tarin García y Gerardo Villegas Madriles, en la causa penal que se les sigue por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales hacia campañas políticas del PRI, imputación que alcanzó al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien enfrenta 15 órdenes de aprehensión por acusaciones de peculado y enriquecimiento inexplicable, entre muchos otros delitos.
El documento entregado por el ex abogado de la Presidencia, Misha Leonel Granados, pretende que se declare la inconstitucionalidad y la invalidez de una fracción del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que reconoce la competencia de las fiscalías y procuradurías estatales para investigar y sancionar a funcionarios públicos federales que cometan cualquier delito del fuero común dentro de sus territorios.
Se trata de la fracción primera del artículo 20 del CNPP en el que se definen las competencias para la investigación de un delito del fuero común, lo que incluye robo, homicidio, fraude, asociación delictuosa, o bien, peculado y enriquecimiento ilícito como es el caso particular de los tres imputados en esta indagatoria, derivado de que la ley citada señala que los jueces y tribunales del fuero común “tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones”.
El argumento es que “los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Chihuahua” invadieron la competencia de la Federación al investigar por enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de recursos públicos al ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando este último era Presidente Nacional del PRI, así como por el proceso penal que se le sigue por esta misma causa a Tarin García y Villegas Madriles, ambos ex funcionarios del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Los artículos constitucionales que el ex consejero jurídico de Peña considera violados en materia de competencia federal y local son el 133 constitucional que otorga garantías a funcionarios de la Federación para el desempeño de sus funciones, así como los artículos 73, 104, 111 y 124 sobre las facultades de las entidades federativas y el gobierno federal en materia de investigación y persecución de delitos.
Incluso, la controversia estima que las investigaciones que realiza la Fiscalía de Chihuahua sobre la llamada Operación Zafiro y el presunto desvío de 250 millones de recursos públicos tiene como fin “impedir o nulificar” las actuaciones de los funcionarios públicos federales por el sólo hecho de que son servidores públicos al servicio de la Federación. “Lo anterior tiene un efecto inhibidor del actuar del servidor público, lo cual es contrario al pacto federal”, argumenta la controversia peñanietista.
La impugnación presentada por el gobierno de Peña Nieto fue admitida a trámite por el ministro Eduardo Medina Mora el pasado 29 de octubre, quien determinó suspender la indagatoria del caso Gutiérrez Gutiérrez con el argumento de que se “podría generar una situación grave de impunidad generalizada”, derivado de que no existe certeza sobre cuáles son los fiscales y jueces competentes para investigar y procesar a los funcionarios federales involucrados.
En respuesta, el gobierno de Chihuahua presentó un recurso de reclamación para tratar de revocar la admisión de la controversia, como la suspensión de los actos reclamados, mismo que todavía no ha sido resuelto por el Máximo Tribunal del país. (ARISTEGUI NOTICIAS)
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