Ciudad de México.- En noviembre de 2019 se cumple una década la histórica sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por los crímenes de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, sin embargo, la impunidad persiste en varios de los asesinatos de mujeres que ocurrieron hace 24 años.
Esta situación hizo que el 29 de septiembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara la petición 861-03 relativa al asesinato de seis adolescentes y niñas de entre 6 y 20 años de edad, quienes fueron desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, entre 1995 y 2003.
El sitio web de Cimac Noticias publicó que en los casos archivados con el nombre de “Silvia Elena Rivera Morales y Otras” se alega que no hubo responsables por los asesinatos y además una niña de 24 días de nacida, hija de una de las víctimas, que desapareció con su madre, nunca fue encontrada.
Estos casos representados legalmente por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), podrían seguir la ruta que marcó el caso de tres asesinatos de mujeres cometidos en 2001, conocido como Campo Algodonero, sobre la problemática de feminicidio en Ciudad Juárez.
En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró responsable al Estado mexicano de los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, perpetrados en noviembre de 2001 en la ciudad fronteriza.
El llamado Campo Algodonero, así nombrado porque los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en un campo donde se cultivaba algodón, fue el primer feminicidio en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En noviembre de 2007 después de escuchar los testimonios de las madres y analizar las evidencias del caso la CIDH presentó a la CoIDH una demanda contra México por el feminicidio de estas tres mujeres, de un total de ocho que fueron halladas.
La CIDH alegó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención y de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas; falta de la debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos; denegación de justicia y falta de una reparación adecuada.
Entonces, en 2009 la CoIDH encontró culpable al Estado mexicano por los asesinatos de las tres mujeres y emitió la histórica sentencia que sentó un precedente en el tema de feminicidio en México y la región de América Latina.
SIN RESULTADOS A UN DÉCADA DE CAMPO ALGODONERO
El caso de las seis mujeres desaparecidas y asesinadas que admitió a analizar la CIDH en septiembre 2017 es similar al crimen de Campo Algodonero: las víctimas fueron asesinadas en el mismo contexto de violencia contra las mujeres que se suscitaba en la década de los noventa en Ciudad Juárez y en las investigaciones las familias vivieron las mismas fallas e inacción de las autoridades.
En algunos casos, los funcionarios se negaron a buscar a las mujeres cuando sus familiares las reportaron como desaparecidas; la evidencia no fue analizada o las pruebas de ADN fueron manejadas con negligencias; y las pistas sobre los sospechosas nunca fueron seguidas.
LOS CASOS
Entre los casos está el de Silvia Elena Rivera Morales de 17 años de edad. Ella desapareció el 7 de julio de 1995 y dos meses después fue hallada sin vida en el Lote Bravo ubicado en Ciudad Juárez.
De acuerdo con la denuncia de su familia, asentada en el informe de admisibilidad que emitió la CIDH, el Ministerio Público del estado imputó los delitos a un único responsable sin pruebas contundentes y durante una década dijo estar gestionando la orden de aprehensión contra el sospecho, pero éste finalmente murió en 2006.
Ocho días después de que se halló el cuerpo de Silvia se encontró el de Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años de edad, otra de las víctimas que en el caso ante la CIDH. El 9 de septiembre de 1995 fue encontrada una osamenta que según las autoridades correspondía al cuerpo de la joven, la familia denunció ante la CIDH que fueron forzados a aceptar los restos sin evidencias de que correspondieran a Olga.
Según el informe de la CIDH aunque hubo detenidos por el feminicidio de Olga Carillo pero en 2006 fueron absueltos, desde entonces, el caso permanece impune.
En 1995 Cecilia Covarrubias Aguilar, de 16 años de edad, y su hija de 24 días de nacida desaparecieron en Loma Blanca tras asistir a un control médico. El cuerpo de Cecilia Covarrubias fue encontrado sin vida el 18 de noviembre del mismo año, pero su hija nunca fue encontrada y por este crimen no hay ningún detenido.
María Sagrario González Flores, de 17 años de edad, es otra de las víctimas de feminicidio. Su cuerpo también se encontró en Loma Blanca el 29 de abril de 1998. Su familia pidió confirmar que el cuerpo era de la joven por lo que durante estos años se realizaron múltiples exámenes de ADN pero todos dieron diferentes resultados.
Esta situación causó incertidumbre en la familia y la expectativa de que el cuerpo no sea de María Sagrario y ella siga viva.
Por este caso, en febrero de 2005 fue detenido José Luis Hernández Flores, quien se confesó culpable y detalló ciertos aspectos del secuestro, violación y homicidio de la joven e involucró a otras personas que no han sido identificadas. Un año después se le condenó por el asesinato de María Sagrario pero repentinamente fue trasladado a una prisión de Jalisco, obstaculizando nuevas diligencias para encontrar a los otros presuntos responsables.
La petición admitida en la CIDH también incluye el caso de María Elena Chávez Caldera, de 15 años de edad. Los restos de la adolescente que laboraba como trabajadora del hogar fueron encontrados en octubre de 2004, cuatro años después de su desaparición. Hasta 2009 se capturó a un hombre, a partir de información que aportó la familia de Elena, y dos años después se le encontró culpable. La CIDH preguntó al Estado las razones del retraso en la impartición de justicia pero el Estado mexicano no respondió a la petición de información.
Finalmente, otro de los casos incluidos es el feminicidio de Brenda Berenice Delgado Rodríguez, niña de 6 años de edad que desapareció el 10 de febrero de 2003. Nueve días más tarde fue hallada asesinada con signos de violencia sexual.
En la denuncia en la Comisión Interamericana se reclama que los agentes policiales no realizaron la búsqueda de la niña y que los peritajes como el levantamiento del cuerpo fueron negligentes. Al momento que la CIDH aceptó el caso informó que el Estado no había respondido a las solicitudes de información sobre el estado que guardaba este expediente.
JUÁREZ, NUEVAMENTE ANTE LA CIDH
Como es evidente en todos los casos persiste impunidad y la falta de respuesta por años de parte de las autoridades, por estas razones la CIDH decidió aceptar el caso en 2017 aunque el Estado mexicano alegó que varios de los crímenes estaban aún en investigación y por tanto, no se habían agotado los recursos internos como lo requiere el organismo para admitir un caso.
En febrero de 2018 las organizaciones que representan a las víctimas y sus familiares presentaron un informe sobre los crímenes a la CIDH para abonar con más evidencia. En el reporte señalan que el Estado es responsable de no prevenir la muerte de las mujeres y por no garantizar que se rindiera cuentas por sus asesinatos.
Además, acusan al Estado de no respetar los derechos de las familias, víctimas indirectas de estos crímenes por razón de género, específicamente el derecho a la vida de las víctimas y sus familias, a la integridad personal, al honor y la dignidad, a un juicio justo, protección judicial, así como los derechos de la familia y del niños, todos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cerca de cumplirse una década de la sentencia de Campo Algodonero el caso de “Silvia Elena Rivera Morales y Otras” muestra que los crímenes ocurridos en Ciudad Juárez durante la década de los 90 siguen sin respuesta por lo que nuevamente el Estado mexicano se enfrenta ante el Sistema Interamericano.
Este caso no es el único de feminicidio ocurrido en Juárez que está en manos de la CIDH, también se encuentra en espera de análisis de fondo el de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años de edad asesinada en febrero de 2001. Sobre este feminicidio se presume que fue un grupo de hombres quienes la asesinaron y cometieron el mismo crimen contra otras mujeres desde 1994 a 2005 en Ciudad Juárez, pero no hay ningún detenido hasta ahora.
A la par cada día son asesinadas 9 mujeres según Naciones Unidas. (CIMAC NOTICIAS)
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