El Gobierno nicaragüense ha solicitado a dos instituciones establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abandonen el país. La Alta Comisionada alerta de que “la sociedad civil está en peligro de ser completamente desarticulada”.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asegura estar “muy alarmada” porque el Gobierno de Nicaragua haya expulsado del país a dos instituciones establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).
Con la expulsión del MESENI y el GIEI*, que se establecieron en cooperación con el Gobierno después de la violencia y los disturbios a principios de año, el país se queda “prácticamente sin órganos de derechos humanos independientes”, advierte Bachelet. La decisión llega, además, después de la reciente cancelación de la personería jurídica y la confiscación de propiedades de varias ONG locales.
El Gobierno también ha anunciado que no aceptará visitas de seguimiento por parte de la CIDH.
Esta decisión, añade la Alta Comisionada, junto con los ataques a los medios de comunicación independientes del pasado fin de semana, “tiene como consecuencia un país donde la sociedad civil está en peligro de ser completamente desarticulada”. Además, hace que solucionar la crisis que afecta al país “sea mucho más difícil y pone en riesgo el diálogo nacional con los Estados vecinos y con la comunidad internacional en general, con graves consecuencias”.
Bachelet espera poder “encontrar puntos de entendimiento con el Gobierno para revertir esta tendencia».
La CIDH lamentó la decisión del Estado de Nicaragua y comunicó que el MESENI seguirá funcionando desde su sede en Washington DC. “Para ello continuará en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos”, explicaron.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con información proporcionada por la sociedad civil, en Nicaragua, más de 550 personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas, de las cuáles, al menos, 90 habrían recibido sentencia condenatoria. Durante las protestas, 325 personas murieron y más de 2000 resultaron heridas.
En agosto, el Gobierno nicaragüense dio por concluida la invitación a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Unos días antes, la oficina había publicó un informe en el que denunció que la represión y las represalias continúan en el país, al punto que las personas que participaron en las protestas que comenzaron en abril, o tienen opiniones disidentes “han sido forzadas a esconderse o salir del territorio”, y subraya que las autoridades nicaragüenses no desmienten la existencia de los elementos armados, pero sí “aprueban sus acciones y les permiten operar con impunidad”.
*MESENI es el acrónimo en español del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH. El GIEI es el acrónimo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que debía presentar su informe final en la capital Managua el 20 de diciembre. (ONU NOTICIAS)
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