MEXICO

Ya acabaron con el aeropuerto; ahora van por las reservas y contra los propietarios de tierras

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30 octubre, 2018

Una vez que Morena dio por cerrado el tema de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con la cancelación de éste gran proyecto, ahora pusieron sus ojos en las reservas internacionales, y en los propietarios de tierras agrícolas y ganaderas en el país.

En cuanto al primer tema, el periodista Alejo Sánchez Cano publicó en el Financiero que desde San Lázaro empiezan a surgir voces para darle otro destino a las reservas internacionales del país, mediante iniciativas que modifiquen el artículo 2 de la Ley del Banco de México. “Así es, en la Cámara de Diputados impulsan una consulta popular para disponer de las reservas internacionales. Morena y sus aliados proponen “consultar a los sectores involucrados, estudiantes universitarios y ciudadanos”, ello dicho por el diputado Benjamín Robles Montoya (PT). Como se aprecia, el nuevo gobierno, a través de sus legisladores, busca hacerse de recursos para cumplir las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, mediante otras fuentes de financiamiento que no sean el incremento de los impuestos o contratación de más deuda”, señalo el periodista.

Por su parte, el senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso derogar la Ley Agraria vigente e impulsar la Ley para el Desarrollo Agrario en su lugar.

La nueva ley propone los límites de la pequeña propiedad que no deben de ser mayores a 100 hectáreas para cultivos especificados; 150 hectáreas para cultivo de algodón; 300 hectáreas para cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agrave, nopal o árboles frutales.

Mientras tanto, las áreas forestales no deben de exceder las 800 hectáreas y las tierras ganaderas no deben de tener más de 500 cabezas de ganado.

Los individuos, asociaciones o empresas que excedan los límites establecidos por la nueva ley, tendrán que presentarse en audiencia ante la autoridad correspondiente y tendrán el plazo de 1 año para fraccionar o enajenar las propiedades para regularizar su situación. (AGENCIAS)