Ciudad de México.- Luego de que este lunes se tenía previsto iniciar el juicio por el homicidio de la defensora de Derechos Humanos Berta Cáceres, en la Corte Suprema de Justicia en Honduras, éste se suspendió.
Activistas, familiares, abogadas y abogados tuvieron que esperar más de tres horas, ya que a la hora avisada, la Corte inició una audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, según denunció el Centro Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), organización fundada por la defensora Berta Cáceres y en la que se mantuvo hasta su asesinato, el 3 de marzo de 2016.
El sitio web de Cimac Noticias publicó que la defensora se opuso a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, por el impacto que podía tener en el territorio de la comunidad indígena lenca. Uno de los ocho acusados en este proceso era gerente de Desarrollo Energéticos (DESA), empresa que pretendió construir la represa.
Las hijas de Cáceres, integrantes de la Copinh y otras organizaciones civiles, reclamaron que la investigación por parte de las autoridades no se llevó a cabo a fondo, y que los autores intelectuales del crimen no están sentados en el banquillo.
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y Amnistía Internacional (AI) indicaron que era necesario profundizar en la investigación, y que el Estado es responsable de realizarla con la “debida diligencia”. AI lamentó que “no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio».
Por su parte, una de las hijas de Berta, Laura Zúñiga, explicó a “El Diario” un periódico de España, que la familia fue marginada del proceso. “A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar», narró al diario español.
Este lunes, ante la sede de la Corte, en Tegucigalpa, se habían reunido decenas de amigas, amigos y personas solidarias, de las comunidades indígenas y garifuna del país. Con tambores, porros y pancartas pidieron justicia para Berta.
Poco después, las organizaciones sociales denunciaron la llegada de personas pagadas por la empresa DESA, que vinieron a provocar a las y los integrantes de la manifestación pacífica e iniciar un enfrentamiento. También denunciaron que la policía permitió que llegaran a plantarse en el mismo lugar que las y los defensoras de la tierra.
Asimismo, dentro del edificio de la Corte, resultó que la sala donde tuvo lugar el proceso era demasiado pequeña para recibir a todas las personas interesadas en el proceso. Entre otras, iban a participar expertas y expertos observadores de organizaciones internacionales.
El juicio oral quedó suspendido después de pocos minutos, ya que el tribunal dio paso al recurso de recusasión que planteó la familia junto al Copinh y el equipo legal porque “rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.”
En declaración previa señalaron “queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso.”
Según activistas, la situación para defensoras y defensoras del medio ambiente en Honduras es peor que cuando murió Berta Cáceres. La organización Front Line Defenders registró siete personas defensoras asesinadas en 2017. (CIMAC NOTICIAS)
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