MEXICO

“México vive triple crisis: violencia, corrupción e impunidad”

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13 septiembre, 2018

Ciudad de México.- Tras asegurar que México ha tenido un retroceso en el tema de los Derechos Humanos y que ha incumplido la mayoría de las recomendaciones internacionales sobre el tema, este miércoles personas defensoras coincidieron en que el país vive “una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad”.

Al presentar su postura de cara al Examen Periódico Universal (EPU) en el cual México será evaluado en noviembre próximo, 245 organizaciones defensoras de Derechos Humanos reunidas en el Colectivo EPUmx, dieron a conocer que existe un incumplimiento de las recomendaciones anteriores emanadas durante los gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo al sitio web de Cimac Noticias, la responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) Stephanie Brewer, señaló que el actual gobierno “negó el problema, descalificó a expertas internacionales, y estuvo más interesado en minimizar daños a la imagen” que en cumplir con las obligaciones de los exámenes anteriores, pese a que su gobierno tuvo el sexenio completo para cumplir con las 176 recomendaciones que emitió el Consejo de Derechos Humanos en 2013.

En materia de Derechos Humanos de las mujeres, destacaron la falta de perspectiva de género sobre todo en el tema de acceso a la justicia, concretamente en el litigio de casos, indicó Selena González Luján, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

“Desde el policía que atiende la llamada, hasta los jueces que llevan el caso”, añadió.

“El cuello negro está en las procuradurías porque es ahí donde se investigan” los casos de violencia contra mujeres, dijo. Las investigaciones carentes de perspectiva de género llegarían a juzgados también carentes de perspectiva de género; todo eso resultaría en feminicidas que quedan en impunidad en la calle, lamentó.

Como otro ejemplo para el incumplimiento de los estados hacia las recomendaciones del EPU mencionó la resistencia para emitir las Alertas de Violencia de Género.

El marco general, el Colectivo EPUmx observó pocos avances desde 2013, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Pese a la existencia de estas leyes en la práctica no se implementan bien, y algunas más que se han aprobado como la Ley de Seguridad Interior, “llevan al país por un camino autoritario”, afirmaron.

Como el incumplimiento del Estado ha sido tan grave, señalaron, queda vigente gran cantidad de las recomendaciones de los EPU anteriores.

En el informe conjunto que presentó en Ginebra el pasado 29 de marzo, el Colectivo hizo seis recomendaciones generales: primero, crear un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, con expertas internacionales de prestigio que contribuyan al diseño e implementación de reformas legales e institucionales para una mejor investigación y sanción.

Segundo, derogar la Ley de Seguridad Interior. Tercero, presentar un calendario para lograr el fortalecimiento de las instituciones policíacas mexicanas y el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública en el país. Cuarto, el Combate a la impunidad mediante la persecución penal autónoma y eficaz, sobre todo con una Fiscalía General independiente.

Quinto, garantizar un sistema de Atención a Víctimas eficiente, también en los estados y con capacidades financieras suficientes. Y sexto, reportar sobre la implementación de las recomendaciones del EPU anualmente ante el Consejo de Derechos Humanos.

A su vez, el Estado mexicano presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos el pasado 10 de agosto, y el 7 de noviembre, será cuestionado sobre la situación y cumplimiento de sus obligaciones en Derechos Humanos, por 192 países en Ginebra.

El Colectivo EPUmx consideró que de cara a la transición de gobierno que se dará en México, “se presentará una situación única” ya que el informe le corresponde al gobierno saliente, mientras que las recomendaciones se hacen al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asume el 1 de diciembre.

Zue Valenzuela de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresó su preocupación de que el viejo gobierno se pueda deslindar de su responsabilidad porque se va, mientras que el nuevo gobierno podría asumir una postura de “estas recomendaciones se dirigen al viejo gobierno y no tienen nada que ver con nosotros”.

Preocupa también, dijeron, que la Cancillería no ha mostrado interés por entablar un diálogo con la sociedad civil sobre Derechos Humanos. El Colectivo EPUmx desconoce si como parte del proceso de transición, integrantes del nuevo gobierno estarán presentes en el examen del 7 de noviembre.

Sin embargo, las representantes del Colectivo coincidieron en que el cumplimiento de Derechos Humanos no es una tarea de un gobierno u otro, sino del Estado, y que por lo tanto deberían de ser prioridad para la administración entrante.

Expresaron su esperanza de que las recomendaciones sirvan al próximo gobierno como una herramienta para posicionar la agenda de Derechos Humanos, mientras que reiteraron su compromiso con la tarea de vigilar su cumplimiento en el futuro.

El EPU es un procedimiento que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de Derechos Humanos de cada uno de los Estados miembros, cada cuatro años.

Este año marca la tercera vez que México es examinado, después de 2009 y 2013. (CIMAC NOTICIAS)