Este martes 11 de septiembre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó los resultados de la investigación periodística ¿Por qué se cayó mi edificio? donde muestran que la Ciudad de México está a merced de una nueva catástrofe. Las lecciones que dejaron los terremotos se olvidaron. La gente no tiene forma de saber si la escuela de sus hijos, sus oficinas, el departamento recién comprado, la vivienda rentada o el sitio donde hará un trámite va a desplomarse en cualquier momento.
Salvar la vida o perder el patrimonio dependen del azar. El Reglamento de Construcciones se ignora por autoridades y constructores. Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios donde se modificaron los cálculos de ingeniería para aumentar las ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros o comprometieron su patrimonio en cascarones.
Los Directores Responsables de Obra (DRO), al ser contratados por las inmobiliarias tienen un conflicto de interés. Los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información. En varios edificios aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, como familiares de Simón Neumann, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Fernando Méndez Bernal, ex presidente del Colegio de Arquitectos —entidad que certifica a los DRO— y ahora asesor del director de Seduvi.
Las autoridades ignoraron a los vecinos que denunciaron inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos. Se utilizan documentos falsos, con información que no corresponde a lo que se construye. Las autoridades firman y otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.
Los planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelo, manifestaciones de construcción no se encuentra en los archivos delegacionales o están incompletos.
A doce meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina. Los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo. Las autoridades han fallado. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.
Darío Ramírez, Director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción destacó: “Es urgente que las autoridades y constructoras tomen este asunto con la seriedad que amerita, comiencen a cumplir con la norma y a realizar su función, de lo contrario seguiremos teniendo muchas muertes qué lamentar”. (EL HERALDO)
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