OPINIÓN

AVISO DE CURVA

Por

30 agosto, 2018

RUBÉN OLVERA MARINES

El INEE y la nueva reforma educativa

El Presidente Electo de México ha anunciado que se organizarán una serie de foros en el marco de la Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación. En términos políticos, este procedimiento podría ser visto como un refrendo para derogar la reforma educativa de 2013. El elemento central que plantea el nuevo gobierno, adelanta las conclusiones de los foros: las propuestas de los actores educativos que serán consultados, llevarán a que López Obrador presente una nueva reforma educativa el 1 de diciembre.

¿Será verdad que, como lo señaló recientemente Elba Esther Gordillo, la reforma educativa de Peña Nieto se «derrumbó”? ¿Acaso el espíritu y andamiaje de la reforma al Artículo Tercero Constitucional de febrero de 2013, carecen por completo de elementos funcionales para la mejora educativa y para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos? O, como diría un gran maestro originario de la antigua Hacienda de Palaú, afincado hoy en Saltillo, ¿acaso la reforma educativa no tiene algunas «partecitas buenas”? Veamos.

El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un ente autónomo, coordinador del SNEE y como la autoridad en materia de evaluación, se convirtieron en los hitos cualitativos de la reforma educativa de 2013. A diferencia de otras reformas, en ésta se cerró el círculo de la calidad.

Hasta esa fecha, no parecía congruente la existencia de un Sistema Educativo Nacional —con un plan y programas de estudio homogéneos y obligatorios en todo país— sin el acompañamiento de una política nacional de evaluación, sin un sistema nacional que la hiciera realidad y sin una autoridad nacional que normara y evaluara su implementación. Al mismo tiempo, resultaba un tanto peregrino pensar que se podría lograr una mayor calidad educativa, con la ausencia de un organismo evaluador autónomo, sin la autoridad y la capacidad técnica para ofrecer información confiable, suficiente y pertinente para la mejora educativa.

Antes de la reforma, la evaluación educativa vacilaba entre la permanencia de una anarquía organizacional producto de esfuerzos desarticulados e inconsistentes, y la comodidad que brindaba a la autoridad educativa la práctica de evaluarse a sí misma, puesto que la Ley General de Educación, previa a la reforma, asignaba a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de evaluar la educación obligatoria.

Sin un sistema y una política nacional de evaluación, y con la ausencia de una autoridad independiente, la evaluación corre el riesgo de convertirse en una cuestión exclusivamente burocrática, sin un ápice de armonía con el máximo propósito de mejorar los procesos y los resultados educativos.

Y no por estar de acuerdo con la actual reforma educativa, sino por determinar si la derogación de algunos de sus componentes, plasmados en aquella reforma constitucional de febrero de 2013, pondría en riesgo el mandato constitucional de garantizar la calidad en la educación pública obligatoria.

De tal manera que, quitando la acalorada discusión que se avecina sobre la pertinencia de la evaluación docente, queda claro que deberíamos pensar hasta dos o tres veces antes de tomar una decisión en la que se suprima al SNEE, se cancele la obligatoriedad de la evaluación nacional de los aprendizajes, entre otros aspectos y componentes del sistema educativo, o se reste autonomía al INEE. Sin que esto signifique que la política nacional de evaluación o la organización y facultades del INEE, estén exentas de mejora.

Tu Opinión: olveraruben@hotmail.com