OPINIÓN

INDICADOR POLÍTICO

Por

20 agosto, 2018

CARLOS RAMIREZ

LA AUSTERIDAD DE AMLO, PARA CONTROLAR DISIDENCIA DE PODERES

La política de austeridad presupuestal anunciada por el jefe electo del ejecutivo federal se ha convertido en una decisión autoritaria que no sólo invade facultades de autonomía de otros poderes autónomos, sino que implica un mecanismo de control político.

En ciencia política hay una afirmación contundente: quien tiene el dinero tiene el poder, quien controla el dinero controla el poder. Los anuncios de recortes de gasto a organismos autónomos y la política salarial del jefe del ejecutivo federal van a invadir espacios de definición del papel de contrapeso de oros poderes.

El presidente de la república puede definir la política salarial de su ámbito de competencia: la administración central. Pero no existe ninguna fundamentación política para que el salario del presidente de la república sea el tope para funcionarios de otros poderes que definen su funcionamiento no sólo independiente del presidente de la república, sino del poder ejecutivo.

La imposición presidencial de salarios bajos a miembros de otros poderes es una invasión de poderes. Las tareas presidenciales son diferentes a las de ministros de la Corte, legisladores, gobernadores y otros, sobre todo porque fueron electos fuera del ámbito gubernamental. El presidente de la república puede ganar mucho menos de los 108 mil pesos mensuales anunciados, porque todos sus gastos van a cuenta de la oficina presidencial; así, puede ahorrar íntegro su salario porque autos, gasolina y ayudantes no los paga de su bolsa.

En este sentido, los presupuestos de gasto se han convertido en mecanismos de control político de legisladores, ministros de la Corte, gobernadores, alcaldes. Se trata de un ejercicio de paternalismo autoritario. Al final de cuentas, las necesidades de gasto son diferentes en los distintos niveles de funcionarios.

En el pasado, el gasto creciente a oficinas públicas fuera del área de la administración central era una forma de control político porque ese dinero compraba lealtades y de muchas maneras limitaba el ejercicio crítico. López Obrador llega con el voto popular a favor, pero con el voto burocrático en contra. De ahí que la política presupuestal aprobada por el ejecutivo federal va a debilitar el equilibrio de poderes.

Lo que queda por ver es el espacio de autonomía que tendrán los diputados a la hora de aprobar el presupuesto de egresos de la federación donde se incluirán las nuevas políticas de gasto y de salarios. Si la mayoría de Morena avasalla a la minoría del 46% de los legisladores de oposición, el debate podría centrarse justamente en la invasión autoritaria del ejecutivo en la vida interna de otros poderes y de organismos autónomos.

El presidente de la república puede sugerir, pero no imponer. Sólo en las dictaduras presidencialistas −populistas, comunistas y de fuerza− el poder ejecutivo puede fijar criterios a otros poderes autónomos.

De ahí que la política salarial y de gasto va a ser la primera prueba de fuego del gobierno lopezobradorista en la discusión del presupuesto de gasto. En una democracia el ejecutivo asigna gasto, pero deja autonomía total a los organismos para definir su distribución y ejercicio.

El paternalismo autoritario de gasto definirá la democracia mexicana en la era López Obrador. Y en el presupuesto de gasto se verá el error de la sociedad al votar la entrega del ejecutivo y el legislativo a una persona y a un partido. Los gobiernos divididos apelaban al equilibrio de los acuerdos. El voluntarismo presidencialista que viene podría regresar a modelo priísta del control político a través del dinero.

POLITICA PARA DUMMIES: La política, hay que reiterarlo, es un juego de espejos.

SOLO PARA SUS OJOS

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· La lucha por el control de los espacios de poder en las tres cámaras −Senado, diputados y CDMX− mostrará un reacomodo en la estructura de poder de López Obrador. Y dividirá Morena en tribus.

· Famosas últimas palabras: “No se quitarán ni se podrán líderes sindicales”; Luisa María Alcalde, secretaria designada del Trabajo del gobierno de López Obrador.