OPINIÓN

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2 agosto, 2018

EDUARDO J. DE LA PEÑA

Interesante artículo de su autoría difundió en días anteriores el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy en el que aborda el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de descentralizar la administración pública federal, llevando a diferentes ciudades del país la sede central de secretarías y otros organismos públicos.

No aventura el ex gobernador una opinión o calificación sobre si la idea es buena o no, ni mucho menos sobre si llegará a dar los resultados esperados, pero su aportación es importante porque comparte la experiencia que le tocó vivir cuando coordinó la descentralización del INEGI que salió del entonces Distrito Federal, luego de que los sismos de 1985 lo dejaron sin oficinas, y fue reubicado en Aguascalientes.

Expone Montemayor Seguy la complejidad que representó esa migración, desde temas presupuestales hasta encontrar una ciudad con infraestructura suficiente para recibir unas oficinas de esa magnitud y, sobre todo, a cientos de familias que llegarán buscando casa, vialidades, escuelas, lugares de esparcimiento y hasta hospitales.

A esos retos, y otros aún mayores, se enfrentará el próximo gobierno federal si insisten en la idea de la descentralización, pues ahora además no se tienen algunas condiciones que en los ochenta permitieron hubiera una menor resistencia de los trabajadores a migrar, por ejemplo ahora vivir en la Ciudad de México no va asociado a la psicosis por el riesgo de los sismos.

El ex gobernador también ha compartido su opinión sobre la reducción salarial a funcionarios y burocracia, coincidiendo con lo que diferentes analistas y voceros han venido señalando, hay que buscar soluciones de fondo, establecer reglas claras sobre el ingreso nominal de los servidores públicos, no basta con decretos y recortes automáticos.

Otro tema en el que Montemayor Seguy puede aportar su experiencia personal es en la desaparición de las delegaciones federales y la designación de coordinadores en los estados, una medida que más que administrativa se vislumbra como política.

Se asemeja mucho al modelo que siguió Carlos Salinas De Gortari cuando estableció las coordinaciones de Solidaridad en los estados, y en el caso de Coahuila fue precisamente la plataforma que se utilizó para proyectar a Rogelio Montemayor a la gubernatura.

A Salinas le funcionó, pero su proyecto estuvo mejor diseñado, no lo hizo de bote pronto, ni desapareció a los delegados, los dejó operando, para no desmantelar las dependencias ni concentrar facultades en una sola persona paralizando a la administración pública, pero eso sí, todos sabían que había un «mando único» –como dicen ahora en cuestiones de seguridad– y el modelo neutralizó a cualquiera con aspiraciones políticas dejando todo el lucimiento, presupuesto y decisiones a quien llegaba con la bendición presidencial.

Y es lo que está buscando AMLO, el control político a través de comisionados a los que siente leales y que les dará el poder para neutralizar a los gobernadores y perfilarlos para las siguientes batallas electorales. La cuestión es que el diseño y los criterios que está imponiendo anticipan un fracaso y no eficiencia en la administración, pues muchos de los perfiles no son los adecuados, por su inexperiencia o por su situación política personal que los confronta con autoridades en funciones.

Para Coahuila, es bien sabido, se designó a Reyes Flores Hurtado, ex dirigente del PAN y abogado de Armando Guadiana Tijerina. La posición realmente le correspondía a Guadiana, pero según versiones prefirió ocupar su escaño en el senado y seguir con su participación política desde una trinchera más cómoda, con menos carga de trabajo, y controlar lo otro a través de un testaferro.

Tal vez el perfil de Flores Hurtado no permite visualizar los alcances políticos de la medida, pero si vemos lo que se ha decidido en otras entidades confirmaríamos cuál es el trasfondo.

Por ejemplo en el Estado de México, Jalisco y Yucatán, los que serán coordinadores fueron candidatos de MORENA a la gubernatura y perdieron su correspondiente elección, se trata de Delfina Gómez, Carlos Lomelí y Joaquín Díaz Mena, que ya ha sido candidato en dos ocasiones, la primera por el PAN. Ellos tres co-gobernarán esas importantes entidades con quienes fueron sus contrincantes y les derrotaron en las urnas, pro ahora tendrán dinero y poder para preparar su siguiente intento.

En otros estados se designó, aunque no hay facultades aún para hacerlo pues ni siquiera se ha hecho la declaratoria legal de AMLO como Presidente Electo, a dirigentes de MORENA, coordinadores de la campaña presidencial y legisladores federales recién electos. Es evidente la escasez de cuadros para armar gobierno.

Hay que estar atentos, esta combinación de cálculo político, falta de proyección y de criterios de eficacia, que se suma a una buena dosis de improvisación y puntadas, no anticipa cosas buenas y al país le va a costar.

–o–

Pasó ya un mes de las elecciones. Dicho de otra manera, son treinta días menos para la elección de julio de 2020 en que se renovará el Congreso local, esa que será la auténtica contienda que defina la configuración política futura de Coahuila y el cierre del gobierno de Miguel Riquelme, que estando en el noveno mes de su primer año se antoja lejano, pero la realidad es que tiene un plazo marcado.

El tiempo corre, ¿qué va a pasar con el PRI en Coahuila?, ¿se van a esperar a que se defina si Claudia Ruiz Massieu sigue hasta 2019 para concluir el periodo de Manlio Fabio Beltrones? Eso todavía se puede llevar otros dos meses, pues ni siquiera han convocado al Consejo Político Nacional que formalizará la decisión, ¿o tomarán una determinación local para comenzar a trabajar y reconstruir? ¿Y en el PAN, ya asimilaron la derrota? ¿En MORENA, darán el paso para construir un partido en Coahuila o le seguirán apostando a la inercia?, en la siguiente boleta ya no va López Obrador, y pesarán en el ánimo de los electores sus aciertos y errores gobernando.

Son las tres fuerzas que se disputarán Coahuila, habrá que ver cómo se preparan.