Ciudad de México.- Las autoridades federales de México siguen ignorando líneas cruciales de investigación acerca de la desaparición de 36 personas en la ciudad norteña de Nuevo Laredo, mientras que siguen sin proteger a familias que han señalado la participación de la Marina en las desapariciones, dijo este martes Amnistía Internacional.
«La Procuraduría General de la República está perdiendo tiempo esencial en sus investigaciones sobre estas desapariciones, lo que da a las personas sospechadas de responsabilidad penal la oportunidad de encubrir cualquier pista. Los y las investigadoras tienen que redoblar sus esfuerzos para encontrar a las víctimas con vida», afirmó Erika Guevara, Directora de Amnistía Internacional para las Américas.
«Las autoridades deben activar urgentemente medidas de protección para testigos y familiares de las víctimas, quienes a menudo no tienen más remedio que arriesgar su seguridad, trabajo y medios de vida en la búsqueda desesperada de sus seres queridos.»
El 22 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció 150 diligencias que había realizado como parte de las investigaciones sobre las desapariciones de 36 personas entre enero y mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
A pesar de que la actualización de la PGR demuestra que las investigaciones se habrían acelerado después de que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (Fiscalía Especializada) tomó el cargo de las investigaciones a partir de principios de junio, casi todas las 150 diligencias consisten en oficios enviados a otras oficinas de gobierno. Hasta ahora, personal de la PGR ha llevado a cabo muy pocas entrevistas, inspecciones en campo, o actividades de búsqueda.
Muchas de las familias de las víctimas han denunciado la participación de la Marina, con base en testimonio de testigos, y material audio-visual grabado durante los acontecimientos, pero la Fiscalía Especializada no ha inspeccionado ninguna de las bases militares de Nuevo Laredo hasta la fecha. La Fiscalía Especializada dio aviso por adelantado sobre unas visitas planeadas de las bases navales, alertando así a cualquier sospechoso presente en tales instalaciones, pero al final dijo que las visitas fueron canceladas debido a violencia en el área.
El 29 de julio, la PGR anunció que el ejército mexicano había descubierto un arsenal de armas junto con 137 pancartas señalando a la Marina como responsable de desapariciones y ejecuciones en Nuevo Laredo. Las pancartas, que contenían imágenes genéricas y no presentaban nombres específicos de víctimas, no se asemejan de las pancartas que Amnistía Internacional ha observado que las familias de víctimas usan durante protestas públicas.
“En meses recientes, la Marina ha buscado deslegitimar de manera repetida a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Nuevo Laredo. La PGR tiene que tomar estos nuevos hallazgos con objetividad para evitar infligir más daño a las familiares de las víctimas,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Testigos y familiares de víctimas han sido sujetos de amenazas, acoso, asaltos y hasta secuestros en últimos meses después de interponer denuncias ante autoridades. La PGR publicó que solicitó protección de la Policía Federal para al menos siete familias de víctimas a principios de junio, pero varios familiares dijeron a Amnistía Internacional que aún no han recibido protección, incluyendo algunas que fueron mencionados por la PGR en su publicación.
En su reciente anuncio sobre las investigaciones, la PGR no hizo mención de ninguna revisión de unas piezas claves de evidencia, incluyendo huellas dactilares, videos de detenciones hechas por hombres uniformados, y otra información solicitada por las familiares.
A pesar de que se reporta que a veces grupos criminales se disfrazan de fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional cree que hay evidencia suficiente para que las autoridades conduzcan investigaciones completas, independientes e imparciales sobre la denunciada participación de la Marina en estas desapariciones.
Investigadoras de Amnistía Internacional visitaron a Nuevo Laredo en junio y hablaron con autoridades del nivel federal y estatal, además de abogados, representantes del ombudsman nacional de derechos humanos y otros expertos. (AMNISTÍA INTERNACIONAL)
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