Ciudad de México.- El feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas y los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada son problemas que persisten en México por lo que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) llamó a tomar acciones y medidas legislativas para frenar esta violencia.
De acuerdo al sitio web de Cimac Noticias, en las Observaciones finales sobre el Noveno informe periódico que México presentó el 6 de julio en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el Comité de Expertas recomendó al Estado mexicano tener un Código Penal Nacional que incluya sanciones para los delitos de género, evaluar el impacto del mecanismo de Alerta de Violencia Género y armonizar la tipificación del feminicidio en todas las entidades.
Después de revisar el informe presentado por el Estado, los 37 informes alternos enviados por organizaciones civiles y tras sostener un diálogo con funcionarios mexicanos, este 20 de julio el Comité de 23 expertas publicó el informe preliminar de sus observaciones finales sobre el cumplimiento de CEDAW.
Ante estas recomendaciones organizaciones civiles y académicas que participaron en este proceso emitieron un comunicado para llamar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a combatir de forma decidida la violencia contra las mujeres y las niñas e implementar estas medidas que coadyuvarán al diseño y aplicación efectiva de la política nacional de igualdad de género de los próximos seis años.
En el documento del Comité CEDAW, disponible ahora sólo en inglés, se expone la preocupación por las desapariciones de mujeres y niñas, la violencia contra periodistas y defensoras, los estereotipos de género en el sistema de justicia y los medios de comunicación, la trata de personas, la violencia política, la falta de derechos laborales y el acceso a servicios de salud como el aborto, entre otros temas.
En esta ocasión una de las principales preocupaciones de las expertas fue la falta de unificación de las leyes mexicanas. En reuniones privadas con organizaciones civiles las expertas expresaron la necesidad de tener marcos legales armonizados para que el hecho de ser un país federal deje de ser un pretexto para no garantizar los mismos derechos a todas las mexicanas.
Dicha preocupación quedó de manifiesto en las Observaciones, donde se llamó a reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Congreso de la Unión adopte un Código Penal Nacional que regule todos las delitos y especifique sanciones o establezca una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres a través de una Ley General en Materia Penal.
Con la misma idea de armonizar, el Comité también recomendó al Estado asegurar que el feminicidio, tipificado en los Códigos Penales de las 32 entidades, se armonice con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se uniformen los Protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país.
Cabe decir que según información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien participó en este proceso internacional, la información de las Fiscalías o Procuradurías de los estados y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que del periodo de 2014 a 2017 se documentó el asesinato de 8 mil 904 mujeres, de los cuales sólo 2 mil 188 (24.57 por ciento) fueron investigados como feminicidio.
Actualmente el Artículo 21 de la Ley General de Acceso define como violencia feminicida, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En seguimiento al tema de violencia de género contra las mujeres el organismo llamó a tomar medidas para armonizar la legislación estatal y reconocer la violencia política contra las mujeres como un crimen, estableciendo así responsabilidades claras de prevención, atención, enjuiciamiento y sanción por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
De acuerdo con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, que también envío un informe alterno, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México aseguran que 29 entidades han incluido en sus normas el concepto de violencia política contra las mujeres, los estados que faltan son Guerrero, Hidalgo, y Puebla.
Sin embargo, algunos estados definieron el concepto en sus Constituciones, otros en sus leyes locales de acceso a una vida libre de violencia, otros en sus leyes electorales y algunos más en los Códigos Penales, por lo que no todos tienen un tipo penal ni la misma definición.
En materia de salud también persisten diferentes marcos legales según cada entidad, por eso las expertas manifestaron su preocupación por que estas diferencias entre Códigos Penales estatales dificultan la implementación de la NOM-046 y del Artículo 35 de la Ley General de Víctimas, ambos sobre acceso a anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
Es por ello que las expertas pidieron armonizar las leyes federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 además de informar y capacitar adecuadamente al personal médico a fin de garantizar la atención especializada para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
Al mismo tiempo el Comité de expertas exhortó a intensificar los esfuerzos para acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre acceso al aborto, con miras a garantizar su acceso y a los servicios de atención postaborto, independientemente de si esta práctica está legalizado o no.
Otra medida que se recomendó en materia de salud fue desarrollar los protocolos necesarios para la implementación de la reciente reforma a la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia, esto a fin de que esta disposición no ponga en riesgo la vida de las mujeres, no impida su acceso al aborto legal y en caso de ser necesario garantice que sean canalizadas a servicios de salud apropiados.
Sumado a ello, se pidió armonizar las leyes federales y estatales para definir la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral a todas las mujeres víctimas de esta violencia.
Durante el 70 período de sesiones del Comité CEDAW otras recomendaciones se dirigieron a aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de la Mujeres, adoptar un proceso integrado de presupuesto de género; implementar la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo entre Niñas Adolescentes; y aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, entre otras.
Cabe decir que una de las facultades del Comité CEDAW es revisar el cumplimiento de las recomendaciones de mayor urgencia en un periodo de dos años. Esta vez las expertas decidieron que en 2020 solicitarán un informe sobre la tipificación del feminicidio y los procedimientos para activar la Alerta Ámbar y el Protocolo Alba y sobre el impacto de la Alerta de Género.
Con el objetivo de dar a conocer estas recomendaciones, que se comunicarán oficialmente al Estado, y promover las principales preocupaciones en la agenda de género, un grupo de organizaciones de la sociedad civil organizaron una conferencia de prensa este jueves 26 de julio en el Museo de la Mujer. (CIMAC NOTICIAS)
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