OPINIÓN

SALARIOS Y DESIGUALDADES

Por

23 julio, 2018

RODOLFO MORENO CRUZ

SALARIOS Y DESIGUALDADES

Aunque hace algunos sexenios parecía inverosímil, hoy la declaración se ha convertido en real, deslumbrante y sobre todo insólita: López Obrador, en su calidad de presidente electo, ha dicho que disminuirá su salario. Esto sin duda generó primero un escándalo y, después, manifiestas inconformidades, algunas de ellas incluso sustentadas constitucionalmente.

El efecto inmediato de la declaración trae consigo una preocupación en los funcionarios de primer nivel pues la reducción del salario del presidente automáticamente generaría que los demás salarios también se reduzcan. Esto es así porque el artículo 127 constitucional en su fracción segunda establece que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración…por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

No es banal la preocupación, la idea mayoritaria de progreso significa aumento y no disminución. Sin embargo, habría que ver algunas sutilezas de la disminución. Son dos las principales razones por las cuales no parece una medida tan desacertada la reducción de salarios. Pero también son dos preocupaciones específicas cuyo sustento no es menos importante que aquellas. Veamos.

Por lo que se refiera a las ventajas de la disminución, la primera de ella tiene una razón de circulación económica. Concentrar salarios altos en un solo sector eleva el precio de los productos y servicios y evita una sana circulación económica. Para usar un ejemplo muy coloquial. Si el servicio de taxi tuviera un costo de 5000 pesos por kilómetro, los taxistas tendrían pocos clientes pues casi nadie tendría acceso a ese servicio. Si el precio disminuye es mayor el número consumidores y que al final produce un beneficio más colectivo (taxistas y usuarios).

La segunda razón es una exigencia de toda sociedad civilizada de combatir las desigualdades reprochables. Entendemos por desigualdades reprochables aquellas que se logran con base en la explotación ilegitima de la dignidad humana. Bajo esta óptica no es que se impida la acumulación; lo que se impide es la acumulación ilegitima. Es decir, no es lo mismo un empresario que origina acumulación por la inteligencia de sus ideas a un empresario que produce ganancias por la trata de personas. El primero es un detonante de economía sana y debe ser promovido; el segundo explota la debilidad social y debe ser sancionado. En el reciente informe del Colegio de México con el título “Desigualdades en México/2018”, se afirma lo siguiente: “los países pueden crecer económicamente y a la vez mantener distribuciones inequitativas”, y esto es un escenario promotor de la explotación de ciertos sectores en nombre de una aparente libre empresa, aunque quizás no legitima. En el mismo informe se detalla lo siguiente: “La proporción de personas que ganan menos de un salario mínimo ha aumentado en más de 50% desde el 2000; la proporción de población asegurada no ha crecido y la de quienes trabajan sin contrato (alrededor de 40% de la fuerza laboral) se ha mantenido sin cambios significativos” (p. 66).

Ahora bien, en cuanto a la posición contraria en relación a no disminuir los salarios, también hay dos puntos justificados de preocupación. El primero consiste en que la reducción de salarios puede considerarse una contradicción a los derechos adquiridos. Bajo el principio de progresividad de los derechos todo significa hacia adelante y nada para atrás. Un segundo punto es el de los desajustes económicos que se pueden producir por el reacomodo de sectores. Para ser más claro lo diré con un ejemplo concreto. El chofer de un alto funcionario comentaba en privado: es bueno que bajen

los salarios, sin embargo, ya anunció el “Director” que despedirá al 80 por ciento de sus trabajadores. Y ahora ¿en dónde trabajaremos?

A todo ello, ¿sí o no bajar los salarios? Sí; es importante bajar los salarios, pero de forma paulatina y paralelamente con base en criterios de eficiencia y calidad. El salario digno e incluso generoso debe ser el resultado de un esfuerzo y un trabajo legítimo y legal. Solo debe haber reducción en aquellos que no cumplan con dichos criterios. Así se promovería un gobierno sustentado en la meritocracia y no en la corrupción.