OPINIÓN

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19 julio, 2018

EDUARDO J. DE LA PEÑA

Un somero análisis bastaría para encender luces de alarma a partir de los anuncios que en estos días ha hecho el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y la forma en que se han conducido tanto él como los que ha «designado» para hacerse cargo de diferentes secretarías de estado.

Cierto, hay anuncios que pueden generar entusiasmo, pues sí hay una exigencia de cerrar brechas salariales, adelgazar al aparato gubernamental, acabar con privilegios y trasparentar el gasto público y muchas de las medidas anunciadas parecen ir encaminadas a ello, y suenan muy bonito, ilusionan, pero no hay un soporte sólido que las haga viables y que permita tener una expectativa de que el pretendido cambio vaya a ser para bien.

Sí, a México le urge esa renovación de la que tanto habla AMLO, pero es un tema tan complejo y de tanto fondo que no se puede hacer a base de puntadas, de improvisación y un espejismo de ejercicios democráticos para consultar toda decisión trascendental.

No se trata de ser agoreros del desastre, ni es mucho menos un tema de descalificación política. El ideal puede ser bueno, indispensable, pero lo que no se ve es el método, y así como el pesimismo no aportaría nada, tampoco le sirve al país una sociedad en una inercial resistencia que se contenta con rumiar críticas, quejas y lamentos en redes sociales.

Hoy si se quiere un cambio, depende de que como sociedad nos informemos, asumamos una postura crítica y cuestionemos. No se trata de confrontar –más– al país, pero tampoco de permitir que nos sigan jugando el dedo en la boca.

Urge que el cambio vaya más allá de siglas, sería desastroso nos vuelva a ocurrir lo del año dos mil con Vicente Fox, y que la transición sea solo para abrir la puerta a nuevos ladrones con las mismas mañas u otras más sofisticadas, y en lugar de progreso nos vayamos hasta el fondo por la improvisación.

Muchas de las medidas anunciadas en el plan de austeridad no se sostienen, por ejemplo. Se habla de generalidades como reducir la plantilla de trabajadores de confianza en un setenta por ciento, ¿cuáles son los indicadores, los parámetros, las metas?, ¿en base a qué se va a medir?

¿A todas las dependencias les sobra personal?, seguramente ninguna está cumpliendo con resolver en tiempo los trámites que les corresponden. Cualquier ciudadano que haya requerido la más mínima gestión ante una dependencia podrá corroborar que todas las respuestas, cuando las hay, son extemporáneas, pues además del personal disponible y de que en muchas ocasiones falta actitud de servicio, hay otros factores, como la sobrerregulación, el arraigo de métodos obsoletos, la resistencia al uso de tecnología, y la desconfianza como principio en el trato del gobierno hacia el ciudadano.

Siempre que algún gobierno ha hablado de reducir personal y recurre a alguna consultoría para elaborar el diagnóstico, con la expectativa de que ubique las plazas laborales que están de más, la conclusión ha sido que faltan manos para sacar rezago y atender el día a día.

Un ejemplo, en 2016 se decidió prácticamente desaparecer la oficina local de la Comisión Nacional del Agua en Saltillo, porque a alguien le pareció que podría haber importantes ahorros dejando la responsabilidad en las oficinas de Monterrey y despidiendo a todo el personal de confianza.

En dos años nadie ha informado cuánto se ha ahorrado por el recorte de personal, pero ni tampoco cuánto ha implicado en costos que deba trasladarse personal desde Monterrey a tratar de atender los asuntos de esta región. Esos datos que permitirían tener una idea de si la medida consiguió un buen resultado no están disponibles por más que prometen transparencia.

Lo que sí es tangible es que hay trámites rezagados con cuatro, cinco o más años y no se tiene ni una expectativa sobre cuándo se van a resolver.

El asunto pega a industriales, agricultores y sistemas operadores de agua potable, representa un lastre para sectores productivo, y al propio gobierno no tener un debido seguimiento del estatus que hay en las obligaciones de los usuarios de derechos de agua, le implica dejar de recibir ingresos.

¿En todas las dependencias va a pasar eso?, ¿y todas van a estar bajo el mando de la misma persona? Y no es lo único malo concentrar tal poder en un solo hombre, además habría que revisar el perfil, pues cuando menos para Coahuila se está designando a Reyes Flores Hurtado, como una posición de compensación política, pero sin que se le conozca experiencia previa en el sector público, o el privado.

¿De verdad él responderá por lo que pase en el IMSS, en SAGARPA, en la Secretaría de Economía, en la PROFECO, el SAT, Registro Agrario, Desarrollo Social y Gobernación? ¿Estamos ante una nueva generación de superhombres?

Que comiencen entonces por definir metas para poder medir si cumplen. Que no ocurra un desmantelamiento, como pasó con Fox y las estructuras de seguridad, ni con Calderón que para legitimarse nos metió en una guerra que nunca se llegó a ganar pues no tenía definido a dónde quería llegar.

López Obrador llega con un enorme poder político, y es bueno porque no necesita legitimarse, pero de alto riesgo porque no hay contrapesos para una personalidad autoritaria, cerrada y de decisiones verticales.

Ahí está el reto y el rol que debemos asumir como sociedad. Todos. Medios de comunicación, académicos, empresarios, profesionistas, estudiantes, amas de casa. Ni indiferentes, ni paralizados por miedos e incertidumbre, ni tampoco en la cómoda posición de las focas que aplauden por cada pelota que les avientan.