Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles la situación en Nicaragua, en un consejo permanente ordinario convocado en medio de nuevos episodios de violencia en el país centroamericano y después de que Estados Unidos aprobara la semana pasada las primeras sanciones en el marco de esta crisis.
Desde que comenzó esta ola de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, el 18 de abril, más de 300 personas han muerto, según organizaciones de derechos humanos.
El pasado 22 de junio, en el primer consejo permanente sobre esta crisis celebrado en la OEA, la organización panamericana se comprometió a involucrarse en la búsqueda de una solución.
La OEA, con sede en Washington, vuelve ahora a abordarla después de que a principios de este mes se instalara en Nicaragua el equipo de expertos internacionales (GIEI) que investigará la violencia y de que a finales de junio se formara el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) para monitorear la situación de los derechos humanos allí.
La crisis nicaragüense entró por primera vez en el consejo permanente de la OEA, el órgano en el que se reúnen regularmente los 34 países miembro a través de sus embajadores, con la presentación del informe final que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó tras su visita en mayo a Nicaragua.
Hasta ese día, Nicaragua había sido una crisis prácticamente olvidada en la OEA, que desde hace dos años tiene puesto el foco en la situación en Venezuela.
«Los miembros de la OEA tenemos un papel que jugar (en la crisis nicaragüense)», manifestó el embajador mexicano, Jorge Lomónaco, en el consejo permanente del 22 de junio. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, pidió ese día «elecciones anticipadas, justas y libres» en el país centroamericano.
El Gobierno de Donald Trump impuso el pasado jueves las primeras sanciones contra altos cargos de Nicaragua en el marco de esta grave crisis.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron conjuntamente por violaciones a los derechos humanos y corrupción a tres altos cargos del país que forman parte del círculo personal y político cercano al presidente Ortega y a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«Este es un mensaje fuerte e importante al Gobierno nicaragüense», dijeron funcionarios de la administración estadounidense.
El malestar con Ortega se remonta a mucho antes de esta oleada de protestas. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. De las de 2016, en las que fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos, fueron excluidos algunos opositores. Los comicios carecieron de observación independiente. (DPA)
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