MEXICO

Invisibles para el gobierno, mujeres deportadas de Estados Unidos

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7 junio, 2018

Ciudad de México.- Para Yolanda, Ana Laura y otras mujeres más, la gran meta de su vida es reunirse con sus hijos e hijas, pero para estas madres deportadas de Estados Unidos la perspectiva es desoladora.

Muchas llevaban 10, 15 o 20 años de vivir en el país del norte y habían construido toda una vida allá, ahora tienen la misma cantidad de años de “castigo”, periodo en que les está prohibido volver a Estados Unidos de manera legal.

Y es que las políticas migratorias ya se habían vuelto más punitivas bajo el último presidente, Barack Obama, con un número récord de personas deportadas. Desde su legislatura, una infracción como exceso de velocidad podía cambiar la vida de una familia entera en minutos. Y con la administración de Donald Trump, las cosas están empeorando todavía más.

Durante el “Foro Migración y Separación Familiar” que se llevó a cabo en Ciudad de México esta semana, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, refirió que encuestas realizadas por esta dependencia con personas deportadas en puestos migratorios del norte, muestran que en 2017, el promedio de años que las y los migrantes pasaron viviendo en Estados Unidos era de 10.

En lo que va del año 2018, este promedio ha subido a 16 años. Esto significa que en muchos casos, la persona ya construyó familia allá, el o la esposa tiene nacionalidad, o las hijas e hijos tienen nacionalidad estadounidense porque nacieron ahí. Además, los vínculos con su lugar de origen, en México, se debilitaron o se rompieron.

Tal fue el caso de Ana Laura López, de 42 años de edad, quien relató durante el Foro, que migró a Estados Unidos en 2001. Tuvo dos hijos y se construyó una vida en Chicago, al final, ayudando a grupos de migrantes atendiendo por ejemplo a mujeres víctimas de violencia familiar.

En septiembre de 2016, quiso regular su estatus migratorio, para lo que había comprado un vuelo a México. En el aeropuerto, fue detenida por agentes migratorios que la sometieron a una “deportación exprés”, expulsándola en el mismo avión para el cual ya había comprado un boleto, y con una sanción de 20 años que le impiden regresar. “Ahí cambió mi vida. Todo lo que había trabajado y lo que esperaba para mi futuro terminó”, dijo entre llantos en el “Foro Migración y Separación Familiar” que se llevó a cabo en Ciudad de México esta semana.

Cuando llegó, fue muy difícil porque los lazos familiares ya se habían desvanecido. Y Ana Laura no encontró ayuda para apelar su caso. Le dio vergüenza admitir que era deportada. Y es en ese punto que hubiera esperado ayuda del Estado, explicó.

“No pedimos cosas extraordinarias”, dijo López en entrevista con Cimacnoticias, “pero eso sí: que el gobierno haga su trabajo.” Y luego enumeró los problemas que las y los recién llegados tienen obteniendo su credencial de elector. En tiempos electorales, casi imposible.

Y sin la credencial, no pueden abrir una cuenta bancaria. No pueden alquilar casa. No pueden conseguir un trabajo, el pasaporte no es aceptado para estos fines. Sin trabajo, no tienen dinero, ni para el costo de la vida aquí, y mucho menos para pagar abogadas o abogados estadounidenses para llevar sus casos.

Si traen a sus hijos o hijas, y estos tienen nacionalidad estadounidense, no pueden ingresar al sistema escolar ni al sistema de salud, todo en cuanto acudir a institutos privados sale muy caro para las personas que llegaron de regreso a México muchas veces únicamente con la ropa que llevan puesta.

El Estado no ayuda con lo que debería de hacer, y sus oficiales no escuchan las voces de las deportadas, insistió Yolanda Varona Palacios, de Tijuana. Ella tiene ocho años de estar de regreso en México, después de que la migración le negó el ingreso después de un viaje.

Con su hija, está en contacto todos los días, pero debido a que ella no está documentada, no puede visitar a su madre y el único contacto físico ha sido un toque del dedo a través de las rejas en la frontera. “Quiero abrazarla, no es lo mismo estar en contacto en línea”, dijo. Su sueño es volver a reunirse con su familia en Estados Unidos.

“Que nos conozcan, que hablen de personas reales y no estadísticas”, es la propuesta de Varona Palacios. “Somos personas honestas, sólo queremos estar con nuestros hijos”-dijo- y contó que las personas deportadas enfrentan muchos prejuicios como el que se les asocia con drogas, entre otros.

A pesar de sus ocho años de lucha, no ha visto que representantes del gobierno se hayan sentado para escuchar sus historias e integrarlas a estrategias para atender a las personas deportadas, afirmó en entrevista con Cimacnoticias.

Durante el foro “Migración y Sepáración Familiar”, que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia, estuvo presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridad responsable para asuntos mexicanos en el extranjero. Habló del procedimiento que se sigue en caso de que la madre y padre de una o un menor de edad sean deportados y ya no hay familia en Estados Unidos.

Pero los casos de las personas migrantes son complicados. Por ejemplo, si las niñas tienen nacionalidad estadounidense, el padre también, la madre fue deportada a México, y ambos disputan la custodia, es improbable que ella gane el caso, también en vista de los recursos económicos que tiene.

La falta de atención del Estado, y también la falta de apoyo familiar llevaron a Yolanda Varona Palacios y a Ana Laura López a fundar sus propias organizaciones de apoyo: “Dreamers Moms USA”, un grupo de mujeres deportadas radicadas en Tijuana, “Deportados Unidos en la Lucha”, grupo que se encuentra en la Ciudad de México.

Estos grupos son la red de apoyo que les ayuda a sobrellevar el dolor, dijeron. Sus integrantes entienden que después de pasar tantos años de la vida en el norte, ahora tienen el sentimiento de no pertenecer a ninguna parte, de estar en medio.

Porque las y los migrantes también se distanciaron de su país natal, el sueño que persiguen es volver a instalarse en Estados Unidos, aunque este sueño parezca lejano con las penalidades de hasta 20 años que se les impusieron. Sin embargo, no pierden la esperanza y encuentran la fuerza para seguir luchando por sus derechos en sus grupos de apoyo. (CIMAC NOTICIAS)