A medida que una gran caravana de migrantes centroamericanos se aproximaba a la frontera norte de México el mes pasado, el gobierno del presidente Trump lanzó una campaña para evitar su ingreso a Estados Unidos.
Según publicó el diario The New York Times, hubo funcionarios estadounidenses que hicieron declaraciones desagradables, entre ellos, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, quien dijo a los migrantes que tienen la intención de solicitar asilo en Estados Unidos que mejor “deberían” buscar protección en México.
No obstante, funcionarios mexicanos dijeron que los migrantes no tenían ninguna obligación legal de solicitar asilo en México; más de doscientas personas cruzaron hacia territorio estadounidense y solicitaron refugio ahí.
Sin embargo, en una propuesta para un acuerdo bilateral sobre el que el gobierno de Trump ha comenzado conversaciones con funcionarios mexicanos, los empleados fronterizos estadounidenses serían capaces de rechazar legalmente a esos solicitantes de asilo, con lo que los obligaría a buscar refugio en México.
El acuerdo, o al menos el concepto de uno, era parte de una discusión más amplia sobre asuntos bilaterales y regionales de migración entre servidores públicos mexicanos y estadounidenses en Washington el 17 de mayo, informaron dichos funcionarios. Las conversaciones continúan este viernes.
Un acuerdo de asilo de tal grado, conocido como un acuerdo de “tercer país seguro“, permitiría a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos rechazar a la mayoría de los solicitantes de asilo que cruzan México para llegar a Estados Unidos, lo que los obligaría a pedir refugio al gobierno mexicano.
Esto frenaría significativamente el flujo de personas que buscan asilo y protección estadounidenses, y provocaría que la responsabilidad sobre ellas cayera en México. Estados Unidos tiene un acuerdo similar con Canadá y el principio es usado en el resto del mundo.
Funcionarios mexicanos y estadounidenses declinaron comentar sobre si habían logrado algún avance durante las conversaciones del jueves o sobre la esencia de las negociaciones acerca del acuerdo de tercer país seguro. Al ser cuestionado sobre la posibilidad del acuerdo en una entrevista televisada durante la mañana del jueves, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, dijo: “No hay condiciones para hablar de nuevos mecanismos de cooperación”.
El gobierno de Trump ha intentado reducir la inmigración y ha mostrado interés en lograr un acuerdo de tercer país seguro con México para aligerar la presión en su sistema de asilo, que en los últimos años ha registrado un aumento importante en el número de solicitudes, lo que contribuye a la inmensa cantidad de casos pendientes en las cortes migratorias.
Los defensores de los migrantes y activistas de los derechos humanos dicen que el gobierno mexicano no está preparado para el repentino y significativo aumento en peticiones de asilo que resultaría de un acuerdo de tercer país seguro.
El sistema de asilo de México ya está saturado por el creciente número de inmigrantes que han buscado refugio en los últimos años, según los defensores. Además, indican, México tampoco es un lugar seguro, pues sus fuerzas de seguridad son débiles y su sistema judicial es incapaz de ofrecer protección adecuada para migrantes en tránsito o que buscan quedarse.
“La realidad es que México no es una opción segura para muchas personas, menos para los migrantes y las familias que buscan asilo”, dijo Michelle Brané, directora de Derechos de los Migrantes y Programa de Justicia en Women’s Refugee Commission, un grupo de activistas. Tal acuerdo, añadió, “no sería otra cosa más que otro ataque de parte del gobierno de Trump contra las mujeres, los niños y las familias que buscan seguridad en nuestra frontera”.
En los últimos años, la violencia en Centroamérica ha forzado a decenas de miles de personas a migrar a Estados Unidos para buscar protección. Una cantidad más reducida pero en aumento han buscado refugio en México. En 2016, el último año completo para el cual hay estadísticas disponibles, casi 8800 personas solicitaron asilo en México, casi siete veces más que en 2013, de acuerdo con el gobierno mexicano; alrededor del mismo número realizó la petición durante los primeros ocho meses de 2017.
La idea de un acuerdo de tercer país seguro con México no ha sido exclusivamente de los republicanos. De acuerdo con funcionarios mexicanos, personal del gobierno de Obama se refirió informalmente a la idea, pero la iniciativa no prosperó.
El gobierno de Trump ha defendido la propuesta con mayor ahínco, según los funcionarios mexicanos. Algunos legisladores republicanos en Washington incluso han propuesto una iniciativa de ley que permitiría a Estados Unidos regresar a solicitantes de asilo centroamericanos a México de manera unilateral, sin la necesidad de un acuerdo bilateral, de acuerdo con un resumen de la iniciativa del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Persuadir a México de firmar un acuerdo de tercer país seguro podría ser difícil, en parte debido a que el partido gobernante del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo candidato se ubica en el tercer lugar de las encuestas de intención de voto, no desea mostrar que otorga ninguna concesión al gobierno de Trump.
Además, el programa de asilo mexicano está saturado. Aunque según los defensores aseguran que el gobierno mexicano lo ha mejorado en los últimos años, dicen que el sistema todavía presenta graves deficiencias, con personal y presupuesto inadecuados, entrenamiento y supervisión irregulares de agentes migratorios, así como la adjudicación inconsistente de la ley de asilo.
“El gobierno estadounidense ha librado una campaña de un año para socavar el sistema de asilo y vilipendiar a aquellos que buscan protección en nuestra frontera”, dijo el jueves Eleanor Acer, directora del programa de protección a refugiados en Human Rights First. “Las negociaciones de hoy son simplemente la táctica más reciente para cerrar la puerta a aquellos que están desesperados por vivir en libertad y seguros”. (THE NEW YORK TIMES)
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