COAHUILA

Por empate difieren a próxima sesión dos puntos de acuerdo

Por

15 mayo, 2018

En una cerrada votación que resultó en empate, los diputados del Congreso de Coahuila enviaron a la siguiente sesión dos puntos de acuerdo de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que pretendían la renuncia de la magistrada supernumeraria María del Carmen Galván Tello, y la emisión de un «enérgico extrañamiento» al secretario de Finanzas, Blas Flores, por incumplir con el informe que hace algunos meses prometió otorgar a los legisladores.

Basado en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que establece que quienes sean titulares de las dependencias y entidades no podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo ó comisión, el diputado Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, María del Carmen Galván Tello, su renuncia irrevocable al cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

Sin embargo, el punto fue rechazado por los priistas apoyados por Elisa Catalina Villalobos Hernández, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, y la perredista Claudia Isela Ramírez Pineda, así como el udecista Édgar Gerardo Sánchez Garza.

Lo mismo que ocurrió con el punto relativo al Secretario de Finanzas, presentado por la diputada panista María Eugenia Cázares Martínez.

La proposición de Cázares Martínez tenía como objetivo que el Pleno del Congreso enviara “un enérgico extrañamiento al Secretario de Finanzas del Estado para que cumpla con la entrega de la información en los términos que acordó en su comparecencia ante la Comisión de Finanzas en fecha 5 de marzo del presente año”.

En el primer caso, el punto solicitaba pedir la renuncia de Galván Tello, aduciendo que no puede ocupar ambos cargos simultáneamente, “dada la dependencia y subordinación evidente que tal funcionaria tiene con el Ejecutivo Estatal, lo cual violenta gravemente el Sistema Judicial Local”.

Y es que según el artículo en cuestión sólo se pueden desempeñar de esta forma, aquellos puestos relacionados con la docencia e investigación, siempre y cuando exista compatibilidad en el ejercicio de los mismos, lo que a decir de los panistas, es evidente no ocurre en el caso en particular.

Torres Cofiño adujo en la propuesta que la renuncia debía darse “a fin de garantizar la necesaria objetividad, independencia e imparcialidad que debe distinguir a todo juez o magistrado de un órgano jurisdiccional” dado que no puede ocupar ambos cargos, uno en el poder Ejecutivo y el otro en el Sistema Estatal Anticorrupción.

En el caso del Secretario de Finanzas, Cázares Martínez indicó que éste no cumplió con la entrega de información según lo acordado en su comparecencia, pues durante ella no respondió algunos de los cuestionamientos y se comprometió a entregarlas por escrito a la siguiente semana, lo que hasta ahora no ocurre.

Entre ellos estaba la información específica sobre las obras programas y rubros en que se aplicó el crédito de casi mil millones de pesos que solicitó la actual administración; lo relativo al pasivo que se mantiene con los proveedores y contratistas del Estado, el total de intereses que se han pagado al servicio de la deuda y lo referente a las participaciones de los ayuntamientos.

Luego de no enviar la información solicitada y que la Junta de Gobierno enviara un oficio para recordarle, el Secretario respondió que se tiene ejercido el 60 por ciento del crédito a corto plazo en los rubros: obra pública, 458 millones; salud 100 millones de pesos; educación 192 millones; seguridad 127 millones; asistencia social 86 millones y la comisión por disposición del crédito 17 millones.

Al final se ofrece un listado “de supuestas obras y aportaciones diversas sin mencionar los montos asignados a cada uno; en el texto no se aprecia que dé respuesta respecto al total de abonos pagados al servicio de la deuda, al dinero asignado a cada obra, lo referente a las participaciones municipales y el pasivo que se mantiene con proveedores y contratistas”, subrayó la diputada. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)