OPINIÓN

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3 mayo, 2018

EDUARDO J. DE LA PEÑA

La solución a una crisis como la que el fin de semana anterior se vivió por el cierre de las carreteras que comunican a Saltillo con Monterrey, puede, y tiene, que pasar primero por estrategias de prevención y reacción antes que por la inversión en más infraestructura, que sí es necesaria pero en el momento actual resulta incierto establecer no solo el cuándo, sino incluso sí realmente algún día se va a construir.

De esto ningún nivel de autoridad se puede deslindar. Recae la responsabilidad primera en el gobierno federal, por ser de su jurisdicción las carreteras en que se presentó el problema, y muy específicamente en la Policía Federal de Caminos, pero siendo una circunstancia que afectó y puso en riesgo a la población, cae necesariamente también en el ámbito de autoridades estatales y municipales.

Aun concediendo que no pudieran evitarse los accidentes que obstruyeron la carretera libre, y entendiendo que contra la densa niebla que obligó al cierre de la autopista nada puede hacerse, es justo preguntar, ¿en dónde estaban las autoridades antes de que tronara la crisis?.

Ya desde hace más de quince años, antes de que se construyera la ruta de cuota, se hablaba de un aforo diario promedio de 26 mil vehículos entre Monterrey y Saltillo. Para fines prácticos una carretera con uso similar al de un bulevar citadino.

Hoy hay rutas adicionales, pero también el parque vehicular y la actividad comercial e industrial han crecido exponencialmente. No hay datos certeros del aforo actual.

¿Pero cuántos de los miles que se quedaron varados, haciendo fila por horas y sin posibilidad de retornar, tenían realmente urgencia o una necesidad inaplazable de estar en Monterrey ese sábado?

El caso es que nadie les avisó. Seguramente si alguna autoridad hubiera difundido adecuada y profusamente, en lugar de dejarlo en el terreno resbaloso y no siempre fiable de las redes, la recomendación de evitar ese viaje, la saturación habría sido menor.

CAPUFE lo comenzó a hacer meses atrás y con buenos resultados en Los Chorros. Cuando hay cierre por algún accidente, desplazan a puntos estratégicos vehículos con anuncios luminosos bastante visibles informando de la situación y sugiriendo rutas alternas. Hace caso el que quiere, y el que no, pues se aguanta en la fila.

Funciona porque hay información, oportuna, y opciones.

En la ruta Saltillo a Monterrey ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Cuándo menos lo han tomado en cuenta en el Atlas de Riesgos? ¿Quién va a desarrollar entonces la estrategia preventiva para que no haya más atascos en esa ruta?, ¿quién lo va a operar?

–o–

La polémica por los artículos en que el Magistrado Iván Garza García hace proselitismo partidista, pese a que lleva implicaciones de fondo, como el ejercicio de libertades y derechos, está condenada a lo superficial por el contexto en que se da, la competencia electoral y la permanente pugna entre grupos parlamentarios en la tribuna del Congreso local.

Las partes implicadas han tomado naturalmente posiciones extremas, y si esto se prolonga terminará irremediablemente en la chacota. Lejos está de aportar algo constructivo.

Los panistas llevaron el tema y su queja al Congreso, en nueva expresión de su doble moral, característica de la que no pueden reclamar exclusividad pues abunda en los círculos políticos.

No está de más recordar que en los noventa hubo un columnista local que formó parte del entonces Consejo Electoral en Coahuila, y en plena contienda escribió algunos artículos criticando al PRI e incluso invitando a votar por otros partidos. No hubo sanción, ni drama.

En el pasado reciente, en 2005, escuchamos a ese que los panistas tienen como paladín de la democracia, Vicente Fox, en su deseperado llamado a «no cambiar de caballo a la mitad del río». Tendrían que haberlo defenestrado y hoy tenerlo en la cárcel, condenó al país a un gobierno más patético y perverso que el suyo, con Felipe Calderón al frente.

La señora Esther Quintana, estando en distintos cargos partidistas, de representación y de la administración pública, ha mantenido casi sin interrupciones su colaboración en la prensa, y no en pocas ocasiones en plena «veda electoral» ha expresado opiniones que podrían inducir al voto, o al rechazo a algún partido o candidato en específico. Y nadie le cuestiona, ni ha perdido su valor como activo, político para el PAN, y social para esta comunidad.

Pero bien dicen que mal de muchos consuelo de tontos.

Tampoco es la más sana la postura que han tomado los que defienden al Magistrado, y que él mismo asume, respecto a que escribió a título personal y ejerciendo un derecho.

No hay prohibición expresa para que milite o simpatice con algún partido o candidato, ni la ley le impide escribir al respecto. Iván Garza, con cerca de 20 años en el sector público, tiene apenas seis meses en el Poder Judicial y viene de un contexto totalmente diferente.

Cuando menos en los siete años anteriores formó parte del círculo más cercano al Ejecutivo, en una realidad donde el ejercicio del poder pasaba por la posibilidad de construir la realidad y la circunstancia necesaria al resultado político que se quisiera.

Pero ya no está en ese círculo, ya no está ese grupo en el poder –al menos formalmente– y, principalmente, la circunstancia actual, en Coahuila y en México, ya no admite eso.

Entonces tendría que haber prudencia del Magistrado en sus artículos. Eso abona más a su figura, y ayuda más a los proyectos políticos con los que simpatiza.